Año 2018; 40 millones de esclavos

En el año 2018, 40,3 millones de personas están sometidas a la llamada esclavitud moderna, según un estudio del Índice Global de la Esclavitud, elaborado por la Fundación Walk Free.

India, Corea del Norte, Eritrea, Burundi, la República Centroafricana, Afganistán, Mauritania, Sudán de Sur, Pakistán, Camboya e Irán son los países con mayor prevalencia de esclavos, mientras que en el continente americano, Estados Unidos lidera el ranking con trabajadores explotados en labores domésticas, agricultura, restauración y servicios de salud y belleza. 

El 71% de las personas esclavizadas son mujeres, de las cuales 15,4 millones tratan de sobrevivir en un matrimonio forzado. Esta diferencia de género, señala Walk Free, se debe al "ciclo de desigualdad que sufren las mujeres en la cultura global". 

Los territorios atrapados en un conflicto bélico, o en el yugo de un régimen opresor, son los más proclives a desarrollar todo tipo de formas de esclavitud, circunstancia que los países más ricos aprovechan a la hora de entablar relaciones mercantiles. Ordenadores, teléfonos móviles, ropa, cacao y caña de azúcar son los principales productos trabajados por mano de obra esclava que las grandes economías del G-20 exportan por un valor que supera los 350 mil millones de dólares cada año.

Suiza es uno los países señalados por las organizaciones en defensa de los derechos humanos, que se apoyan en informes como el elaborado por la Organización Internacional del Café, donde asegura que el país alpino "tienes más niños trabajando en las cadenas esclavistas del suministro de café, té y cacao que estudiando en todas sus escuelas en todos los cantones de la Confederación Helvética". 

Precisamente allí, al  amparo de un régimen fiscal especialmente permisivo con las obligaciones de las grandes compañías, es donde Nestlé ha desarrollado sus operaciones hasta convertirse en uno de los grandes gigantes de la alimentación, con más de 200 productos comercializados en todos los rincones del planeta. 

Considerada por la revista Forbes como la corporación más importante del sector, su boyante media de ingresos no se ha visto mermada por los escándalos mediáticos que ha protagonizado en más de una ocasión. 

Ya en la década de los 70 sufrieron el boicot de organizaciones estadounidenses por sus prácticas en los países pobres, donde pagaban a enfermeras y comadronas para que recomendasen a las madres sustituir la lactancia materna por su leche en polvo. Debido a la insalubridad del suministro de agua que sufren en estas regiones, los casos de malnutrición en bebés se dispararon. 

En 2015, la compañía admitió la presencia de trabajadores esclavos en Birmania y Camboya, que se veían obligados a procesar el pescado que termina en sus cadenas de producción. Un año después, un grupo de víctimas de la explotación infantil denunciaron a la multinacional por los hábitos esclavistas en las plantaciones de cacao de Costa de Marfil, y este mismo año han tenido que lidiar contra la resistencia de los indígenas brasileños contra la privatización de sus aguas. "El agua no es un derecho humano", dijo Peter Brabeck-Letmathe, antiguo director ejecutivo del grupo. 

La última polémica ha saltado a los  medios hace tan solo unos días, a cuenta de una nueva ley contra la esclavitud moderna que el Gobierno de Australia lleva confeccionando desde 2017. En virtud de la nueva legislación, las empresas con un volumen de negocios superior a los 100 millones de dólares estarán obligadas a realizar informes periódicos, de acceso público y supervisados por la administración, acerca de la presencia de trabajo esclavo, trata de personas, servidumbre sexual y trabajo infantil en sus cadenas de suministros.  "El requisito de presentación de informes asegurará que las grandes empresas y otras entidades que operan en Australia publiquen declaraciones anuales en las que describan sus acciones para hacer frente a estos horribles crímenes", dijo Michael Keenan, Ministro de Servicios y Derechos Humanos. 

El ejecutivo ya ha comenzado la ronda de consultas con las compañías que operan en el país, y ha sido ahí, durante una sesión consultiva con miembros del Senado, donde Nestlé ha desatado las críticas tras advertir que de llevarse a la práctica la nueva normativa, serán los consumidores los que tendrán que hacer frente a la subida de los precios derivados de la eliminación de la mano de obra esclava. "No todos nuestros proveedores podrán asumir la subida de los costes y ello repercutirá directamente en los consumidores", aseguró un representante de la compañía.

La multinacional suiza ha encontrado un aliado en la Cámara de Comercio e Industria de Australia, quien estima en unas 3.000 empresas el impacto de una legislación cuyo cumplimiento considera que debería ser voluntario.  

A pesar de que Nestlé se ha manifestado públicamente en contra de cualquier práctica abusiva en el ámbito del trabajo; a pesar de que ha puesto en marcha protocolos para evitar este tipo de conductas; a pesar de que en 2015 encargó a una organización independiente una investigación sobre el trabajo esclavo en sus fábricas, parece ser que todo queda en papel mojado cuando se trata de apoyar iniciativas estatales, con marco jurídico, y que pueden acarrear sanciones. 

Paradójicamente, el fabricante de productos como Maggi, KitKat, Nesquick, Purina, Chocapic, Nescafé, Nestea, Häagen-Dazs o Buitoni vuelva a estar de actualidad  a propósito de unas prácticas que deberían haber quedado enterradas en los siglos más oscuros de la historia.

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