Arden dos asentamientos chabolistas en Huelva

Kamchatka es un espacio colectivo para una forma de hacer periodismo: feminista, de clase, contestatario e independiente. No tenemos grandes inversores que interfieran en nuestra ética profesional y para que esto pueda seguir así necesitamos más que nunca vuestra colaboración. Ayúdanos a seguir siendo libres. Ayúdanos a resistir.

En apenas 24 horas, dos asentamientos chabolistas en Huelva han sido pasto de las llamas. El primer incendio se declaró ayer en Lucena del Puerto, con el resultado de dos heridos leves, y el segundo esta misma mañana en Lepe, donde un hombre ha necesitado de atención médica, aunque afortunadamente no reviste de gravedad. Un total de 120 personas, temporeros inmigrantes que sobreviven en condiciones infrahumanas, han perdido lo poco que tenían mientras las autoridades y la patronal continúan sin ofrecer una solución habitacional para estos jornaleros que se han jugado la salud realizando labores en el campo durante los meses más críticos de la pandemia. Sin luz ni agua potable y con temperaturas que superan los 40º, los asentamientos chabolistas no disponen de las mínimas condiciones higiénicas que son exigibles para cualquier ser humano y en cualquier circunstancia, pero que se hacen más urgente en la actual situación de emergencia sanitaria.

“No ha bastado las circunstancias excepcionales derivadas de la crisis por el Covid-19 para que de una vez por todas se le diera solución a esta grave problemática. Año tras año,incendio tras incendio, seguimos igual, lamentando heridos y muertes de las personas que sacan el campo onubense adelante”, ha lamentado María Gracia González, parlamentaria de Adelante Andalucía, que además se ha mostrado muy crítica con Manuel Mora, alcalde de Lucena del Puerto, quien acusó a los inmigrantes de malvivir en estas condiciones “para ahorrarse el alquiler” y solicitó la intervención de la UME para desalojarlos.

 

El pasado mes de mayo, la Junta de Andalucía aprobó una partida extraordinaria de 2,3 millones de euros para que los ayuntamientos de las provincias de Huelva y Almería pudieran habilitar agua, electricidad y recogida de basuras en los campamentos, una serie de medidas que llegan muy tarde y que además no sirven para atacar la raíz del problema.

Asociaciones en defensa de los derechos humanos y diferentes organizaciones de trabajadores han solicitado al gobierno de Pedro Sánchez “un procedimiento de regularización extraordinaria” de entre 4.000 y 5.000 temporeros extranjeros cuyo trabajo ha sido imprescindible para mantener la cadena de suministros y las exportaciones durante el confinamiento. El Colectivo de Trabajadores Africanos asegura que la regularización evitaría que “los empresarios se vieran abocados a la contratación de mano de obra irregular y la consecuente merma que esto supondría para la Tesorería General de la Seguridad Social en un momento donde la crisis sanitaria conllevará un duro impacto económico en el erario público”. Además, en la actual situación, sin un marco jurídico que ampare a estos trabajadores, son cada vez más habituales los episodios de abusos laborales y el posterior escenario de impunidad al que se ven condenados.

Philip Alston, relator de la ONU para la pobreza extrema y los derechos humanos, visitó el pasado mes de febrero los asentamientos chabolistas de Huelva y quedó “pasmado” ante las condiciones de los recolectores “que viven como animales mientras las grandes empresas ganan millones”. Alston instó a las autoridades a proceder con las medidas que sean necesarias para acabar con una problemática que no dudó en comparar con la de los campamentos de refugiados en Grecia. 

Suscríbete a nuestra newsletter