Argentina se viste de verde

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"Resulta aprobado con 38 votos afirmativos, 29 negativos y una abstención. Se convierte en ley". Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta del Senado, fue la encargada de hacer un anuncio histórico, que instantes después estalló en júbilo para millones de mujeres por todo el país.

Argentina ha aprobado la ley de interrupción del embarazo integral, seguro y gratuito hasta las 14 semanas de gestación. O dicho de otro modo: Argentina ha prohibido que ninguna mujer más muera desangrada en un aborto clandestino.

La nueva normativa sustituye a la hasta ahora vigente, que data de 1921 y donde solo se permitía la interrupción del embarazo en los supuestos de riesgo de vida para la madre, violación o si la mujer embarazada es "idiota o demente", reza textualmente el código penal.

Esta situación provocaba un escenario de dualidad de clases, donde las mujeres adineradas acudían a clínicas en el extranjero mientras que las pobres estaban condenados a arriesgar su bienestar físico en intervenciones insalubres, con personal sin ningún tipo de cualificación, que sustituye el instrumental médico adecuado por agujas de tejer, perchas e incluso tallos de pereji.

En Argentina se realizan cada año más de 450.000 abortos clandestinos

Aunque no existen cifras oficiales, las organizaciones en defensa de los derechos humanos calculan que se realizan alrededor de 450.000 abortos clandestinos cada año, y que desde 1983, unas 3.000 mujeres han fallecido. En el periodo comprendido entre los años 2010 y 2017, el Ministerio de Salud de Argentina contabilizó un total de 45.604 ingresos hospitalarios por abortos incompletos. Además, según datos del Centro de Economía Política, los abortos clandestinos le cuestan al erario público 21 veces más que si se realizaran de forma legal y con todas las garantías sanitarias.

Lo que ha sucedido este miércoles es la consecución de una de las más importantes luchas del movimiento feminista en Argentina, que lleva décadas batallando para que los mujeres dejen de ser tratadas como si fueran una propiedad pública, y por ende, para que tengan la potestad de decidir sobre sus propios cuerpos sin miedo a posibles consecuencias punitivas.

En clave política, la decisión supone el mayor triunfo hasta la fecha del gobierno presidido por Alberto Fernández, que tan solo un año después de su llegada a la Casa Rosada, ve cumplido una de sus grandes promesas electorales, además de una deuda histórica de la izquierda peronista.

En El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, la interrupción del embarazado acarrea penas de cárcel 

Argentina ha dado un paso de gigante en la ampliación de derechos individuales, al convertirse en el cuarto país de América Latina (tras Cuba, Uruguay y Guyana, además de los territorios de Puerto Rico y Guayana francesa) en legalizar la interrupción del embarazo. En el resto de los estados, las condiciones son muy variables, pero en el extremo más conservador se encuentran El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, donde la interrupción del embarazo es un delito tipificado en el código penal que acarrea penas severas de reclusión penitenciaria. 

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