Caso Martínez Santamaría: cuenta atrás para exhumar un cuerpo sin corazón

En abril de 2005, Miguel Ángel Martínez Santamaría partió en tren desde Donostia hacia Irun con el propósito de recorrer Europa en Interrail. Nadie en su familia volvió a tener noticias de él hasta que el 29 de septiembre la comisaría de la Policía Nacional de Gordóniz, Bilbao, telefoneó para notificar su fallecimiento. El 22 de septiembre, una mujer británica llamada Sara Evans había encontrado el cuerpo descompuesto a la orilla del fiordo de Lidingö, un barrio de clase alta situado en la periferia de Estocolmo. Al menos eso es lo que dicen los registros oficiales. A partir de un informe forense firmado por Petra Rästen-Almqvist, la policía sueca dictaminó que se trataba de un suicidio. Según esta hipótesis, Miguel Ángel Martínez se había arrojado por la borda del ferry Helsinki-Estocolmo y había muerto ahogado varias semanas antes de que apareciera el cadáver. Natural de Erandio y vecino de Algorta, Martínez tenía cuarenta y cinco años el día de su muerte.

El caso, que pudo haber terminado olvidado entre muchos otros casos de aparente suicidio, experimentó un giro fortuito que hizo saltar las alarmas de la familia. La cuestión es que antes de morir, Miguel Ángel Martínez había registrado el deseo de que lo enterraran junto a su antigua pareja en el cementerio de Gunnersbury, en la región de Gran Londres, donde vivió durante dos años y medio mientras trabajaba en el hospital de Brompton. El 4 de noviembre de 2005, una empresa funeraria transportó el cuerpo desde Estocolmo hasta el aeropuerto de Heathrow, donde permaneció cinco días dentro de una cámara frigorífica. Finalmente, las autoridades inglesas desautorizaron el entierro debido a insuficiencias en la documentación aportada por la administración sueca.

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Informe sobre el hallazgo del cadáver

El 17 de noviembre, el responsable de la oficina forense de Westminster, Terry Lovegrove, encomendó al forense Peter Witkins que despejara cualquier sospecha y abordara una nueva autopsia. Este segundo examen iba a poner en cuestión tanto las primeras indagaciones forenses como la propia hipótesis del suicidio: al cadáver entregado le faltaba el corazón y más de la mitad del hígado. Además, los pulmones no presentaban síntomas de ahogamiento. La forense sueca aseguró que había remitido un corazón de 261 gramos y sugirió que pudo haberse reducido en el proceso de putrefacción.

Ante la pasividad de las administraciones, la hermana de Miguel Ángel, Blanca Martínez Santamaría, ha investigado el caso por su cuenta y ha reunido una cantidad ingente de documentación con datos a menudo contradictorios. Entre otras cosas, Blanca ha descubierto que no existe ningún registro de su hermano en el ferry Helsinki-Estocolmo a pesar de que desde 1999 se identifica a cada uno de los pasajeros. Tampoco se halló ningún billete de viaje en sus pertenencias. Toda la investigación ha sido un colosal despropósito colmado de errores e incongruencias y la familia acumula ya trece años de calvario burocrático.

Entre otras cosas, Blanca Martínez denuncia numerosas anomalías en la identificación del cadáver. A día de hoy, ni siquiera está convencida de que el cuerpo enterrado en Inglaterra sea el de su hermano. De hecho, el cadáver de Miguel Ángel Martínez fue enviado a la morgue en Suecia debido a la falta de identificación, pero más tarde la enfermera de origen español Isabela Franco encontró en los bolsillos una fotocopia del DNI. La policía de Estocolmo le asegura a Blanca Martínez que esa fotocopia no muestra síntomas de haber estado jamás en el agua. "No existen fotografías del levantamiento del cadáver, el policía que llevaba la investigación no sabía dónde había aparecido el cadáver, no estuvo presente un juez, no hay ninguna prueba de que mi hermano apareció donde ellos dicen", denuncia Blanca.

La última noticia que se tiene de Miguel Ángel Martínez data del 1 de agosto de 2005. La policía lo había arrestado en la ciudad de Karlstad después de que protagonizara un incidente anecdótico en una sucursal de Nordea Bank cuando intentaba solucionar un problema con su tarjeta de crédito. De acuerdo con la versión policial que recoge Europol, permaneció retenido desde las 10:25 hasta las 16:20. Dice el relato oficial que Martínez no presentaba documentación, de modo que la policía sueca reclamó una copia del DNI a la policía española. Según el registro, la documentación habría llegado a las 19:12, cuando Martínez ya había sido liberado sin cargos. Hace ahora un año, la policía de Estocolmo aseguraba a la familia que en el momento del arresto sí estaba documentado. "Durante trece años me han estado contando que mi hermano fue detenido porque no tenía documentación", dice Blanca Martínez.

Se da la circunstancia de que en 1995 la comisaría de Karlstad estuvo implicada en la polémica muerte de Osmo Vallo. Según denuncia Amnistía Internacional, Vallo falleció bajo custodia policial después de haber sido golpeado en repetidas ocasiones. Al igual que en el caso de Miguel Ángel Martínez, en el caso de Osmo Vallo se registraron discrepancias entre los hechos denunciados y la autopsia. Blanca Martínez sostiene la hipótesis de que su hermano pudo haber sido asesinado después de la detención y no descarta que el episodio esté vinculado al robo de órganos. "Algo pasó en esa comisaría". El propio informe forense señala que el cadáver presentaba hematomas, aunque los atribuye al impacto de la caída por la borda del ferry. La policía ni siquiera contempló la hipótesis de una agresión. Por otro lado, los agentes que vieron el cadáver señalaron una herida en la ceja derecha que la forense sueca omitió en su informe.

Entre 2014 y 2017, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y la Audiencia Nacional remitieron cuatro cuatro comisiones rogatorias a las autoridades británicas para que se exhumara el cadáver y se efectuara una nueva autopsia y una prueba de ADN. En 2018, la familia de Miguel Ángel Martínez ha terminado descubriendo que la justicia española había dirigido la petición a la administración equivocada, de modo que la respuesta se ha retrasado cuatro años. Una vez conocido el error administrativo, la familia cursó una solicitud a título privado y las autoridades británicas se demoraron apenas ocho días en dar una respuesta. En julio de 2018 se concedió el plazo de un año para efectuar la exhumación, la autopsia y la prueba de ADN.

Mientras tanto, Blanca Martínez ha puesto en marcha una asociación de familias de desaparecidos llamada Nun Hago. Cuenta con el respaldo de los familiares de Sabino Llona, desaparecido en Florida en 2004, y Borja Lázaro, desaparecido en La Guajira en 2014. "Actualmente hay diez mil denuncias activas por desaparición en el Estado español", afirma Martínez. A día de hoy, la familia continúa reuniendo apoyos para afrontar la exhumación del cadáver antes de que prescriba el permiso el 19 de julio de 2019. Su propósito es conseguir la implicación de un forense imparcial. Después de trece años de desencuentros, Blanca Martínez ya no confía en la administración. "Solo pido dos cosas. Primero, saber si es mi hermano el cadáver que me han entregado. Segundo, saber lo que ha pasado".

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