Los centros de detención de inmigrantes se lucran a costa de vulnerar los derechos humanos

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120 ONG que luchan por los derechos de las personas refugiadas y migrantes han pedido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Estados Unidos, que ponga en libertad a todas las familias recluidas en centros de detención para familias, y que lo haga con rapidez y en condiciones seguras. Las organizaciones se oponen a cualquier medida que obligue a los progenitores a tomar decisiones imposibles, al tener que elegir entre permanecer en detención indefinida junto a sus hijos en condiciones mortales durante la pandemia y separarse de ellos posiblemente de forma permanente.

"Ahora debe darse a las familias detenidas una oportunidad justa de solicitar el asilo que nunca se les concedió, y mientras se resuelve el procedimiento deben quedar en libertad condicional. Estas personas viven sumidas en un estado increíble de miedo y angustia, sin saber si serán liberadas, si contraerán la COVID-19 o si el ICE intentará separar sus familias de nuevo, como intentó a mediados de mayo”, señalan las organizaciones en su carta.

La separación familiar causada por una "decisión" bajo coacción vulnera múltiples derechos humanos, entre ellos el derecho a la unidad familiar, el derecho a la libertad y el principio de anteponer el interés superior del menor. La separación familiar, además, puede suponer una violación del derecho a no sufrir tortura y otros malos tratos. La detención de menores no obedece a su interés superior, y su separación de los progenitores sólo es legítima en circunstancias excepcionales, como cuando se enfrentan a un daño inminente. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha pedido encarecidamente a todos los Estados que pongan fin a la práctica de la detención de menores por motivos de inmigración y mantengan la unidad familiar con alternativas a la detención.

Las organizaciones que gestionan los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos viven un boom económico. La realidad es que hay un negocio multimillonario detrás y que cuantas más personas cruzan la frontera huyendo de la miseria y temiendo por su seguridad, más oportunidades ven las compañías que los administran, que son empresas privadas en su mayor parte. Solamente en 2017, el ICE destinó casi 3.000 millones de dólares para costear el sistema de detención de extranjeros, que se ocupa de los casos están pendientes de resolver por los tribunales o cuya deportación ya ha sido acordada. CoreCivic y Geo Group, que también se dedican a gestionar cárceles, son dos de los principales grupos del sector. El valor de las acciones en bolsa de dichas empresas creció notablemente entre septiembre de 2016 y enero de 2017, que coincide con el discurso de mano dura contra la inmigración de Donald Trump, previo a su llegada a la Casa Blanca. 

Cuando se acerca el fin del plazo fijado por el tribunal para liberar a los menores, las organizaciones firmantes piden al ICE que ejerza su autoridad y discreción para poner en libertad condicional a las familias y/o incluirlas en programas de alternativas a la detención, como hacía tradicionalmente.

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