Chile quiere abrir las grandes alamedas

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Desde la llegada de Sebastián Piñera a la presidencia de la República de Chile, allá por marzo de 2018, el país latinoamericano disfruta de una ausencia permanente en la agenda de los grandes medios de comunicación. En una región donde la prensa privada es utilizada como un estilete para derrocar a los gobiernos díscolos con las doctrinas de Washington, el silencio informativo es un apoyo sottovoce para el ejecutivo de turno.

Chile está viviendo las más impotante jornadas de protestas desde el pinochetismo, y sin embargo, las llamadas de auxilio de una ciudadanía que está siendo reprimida como en los tiempos oscuros de la dictadura son apenas un suspiro en los grandes medios internacionales.

El apagón pretende minimizar las consecuencias de unas manifestaciones que están poniendo en jaque al gobierno, pero en los tiempos de las redes sociales y la comunicación digital, amordazar al pueblo con palos y porras es pretender ponerle puertas al campo.

En América Latina todo es política. Que tengamos cumplida información del hasta más anecdótico incidente sucedido en Caracas es política. Que apenas sepamos que en Chile se está gestando una revolución popular también es política. El prisma de la macromedia desdibuja en un sentido o en otro el cariz de las revueltas. En Siria eran "rebeldes por la libertad", en Venezuela son "la oposición democrática", pero en Chile han sido rebajados a la baja estofa de "terroristas antisistema".

Las protestas comenzaron en Santiago tras anunciarse la enésima subida del precio del metro, el más caro de la región y transporte habitual para 3 millones de personas cada día. La conversión de los medios de transporte en artículos de lujo ha sido la mecha que ha prendido el polvorín, pero es solo la punta del iceberg de una serie de problemas que han colmado la paciencia de una gran parte de la ciudadanía.

La conversión de los medios de transporte en artículos de lujo ha sido la mecha que ha prendido el polvorín, pero es solo la punta del iceberg

Según datos del Fondo Monetario Internacional, Chile es el segundo país con mayor renta per cápita de América del Sur, solo por detrás de Uruguay, y durante 2019 alcanzará un incremento del PIB del 3,3% frente al 1,7% previsto para el resto de la región. La economía nacional goza de buena salud, las grande agencias de calificación bendicen las políticas neoliberales de Piñera, pero la bonanza de los datos macroeconómicos no repercute en los bolsillos de la clase trabajadora.

El informe Panorama Social de América Latina, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), revela que el 1% más adinerado del país amasó el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares con bajos ingresos accedió tan solo al 2.1%. El salario mínimo es de 301.000 pesos (370 euros) y el sueldo medio mensual, que reciben la mitad de los trabajadores, está por debajo de los 400.000 pesos (493 euros).

En contraposición a la depreciación de los ingresos se encuentra la tendencia alcista de los precios en los servicios básicos, un desequilibrio que ha provocado un aumento de la pobreza que alcanza ya al 10,7% de la población. El precio de la energía eléctrica en Chile es uno de los más caros de todo el continente, con una tarifa de 15,80 centavos de dólar por KWh. El de la vivienda es similar al de algunas grandes urbes de Europa y Estados Unidos, con un incremento del 67,8% en los últimos 8 años. Un estudio de la Cámara Chilena de Construcción asegura que el número de propietarios de un inmueble ha decrecido a niveles de los años 80, mientras que se multiplican los inversionistas extranjeros que se están haciendo ricos gracias a la burbuja especulativa.

El precio de la energía eléctrica en Chile es uno de los más caros de todo el continente. El de la vivienda es similar al de algunas grandes urbes de Europa y Estados Unidos

Datos del Instituto Nacional de Estadística apuntan también a un encarecimiento de los productos básicos de hasta un 75% en los últimos cinco años, algo similar a lo que sucede con los combustibles, que durante 6 semanas consecutivas han experimentado subidas tanto en el diésel como en la gasolina.

La crisis en Chile es el ocaso de un modelo neoliberal heredado de la dictadura, cuyos cimientos, a pesar de haberse mantenido firmes a lo largo de los años, siempre tuvieron grietas para los estratos más humildes de la población. "Hubo un gran crecimiento de la clase media, pero es una clase media precarizada, que tiene bajas pensiones, altos niveles de deuda, que vive mucho del crédito y que tiene sueldos muy bajos. Es una situación donde el día a día es precario y se vive con incertidumbre", relata Claudio Fuentes, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, en declaraciones a la BBC.

Precisamente, el sistema de pensiones es uno de los factores que mayor rechazo provoca entre la ciudadanía. En vigencia desde 1980, se trata de un modelo de capitalización que obliga a los trabajadores a ceder el 12% de su sueldo a entidades privadas manejadas por la Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La AFP realiza inversiones en diferentes mercados con las que obtiene grandes sumas de dinero que sin embargo no repercuten en los bolsillos de los jubilados. Según cifras de la Superintendencia de Pensiones, los receptores cobran una media de 197 euros mensuales, poco más del salario mínimo. El sistema es tan malo que los miembros de la policía y el ejército cotizan en un régimen diferente con el que consiguen mayores beneficios.

En el otro extremo de la pirámide poblacional, los jóvenes lo tienen cada vez más difícil para acceder a una formación de calidad. La educación era gratuita en Chile hasta que en 1981 Pinochet la redujo a la mínima expresión para facilitar el auge del sector privado. Las universidades públicas son escasas y cobran tasas de acceso y las privadas abundan pero son de dudosa calidad. Con este panorama, los alumnos se ven obligados a pedir préstamos que lastran su economía hasta bien entrada la edad adulta, y por la que recibirán a cambio una titulación de escaso prestigio más allá de las fronteras del país.

De relumbrón sí podía presumir la sanidad en los grandes foros internacionales. Hace tan solo un año, Chile se jactaba de tener el servicio de salud más eficiente de América Latina. Así lo aseguraba un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, pero a los chilenos no les consuela ser el tuerto en el reino de los ciegos.

Los trabajadores deben cotizar al menos un 7% de su salario en planes de salud y pueden hacerlo en el público, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) o en las Instituciones de Salud Previsional (Isapres), de financiación privada. La mayoría, unos 14 millones, optan por el primero, un servicio colapsado, con largas listas de espera e instalaciones precarias. El Isapres es el favorito para las rentas más altas, incluídas las mujeres de buena cuna, a pesar de que tienen que pagar hasta tres veces más que los hombres.

Los trabajadores deben cotizar al menos un 7% de su salario en planes de salud y pueden hacerlo en el público, precario y colapsado, o en el privado, donde las mujeres pagan 3 veces más que los hombres

Los expertos coinciden en señalar que las revueltas en Chile eran más que previsibles. La clase trabajadora está cansada de esperar el cumplimiento de las promesas aspiracionales que el gobierno cacarea cada vez que un conato de movilización amenaza con quebrantar la paz social. Durante décadas han soportado una política de macroeconomía orientada a satisfacer las exigencias de los organismos internacionales, pero que solo ha servido para que los mandatarios se pavoneen en las campañas electorales con una amalgama de datos cuyas grande cifras nunca se han visto reflejadas en las economías familiares.

El grueso de la riqueza del país está controlada por las mismas familias que hicieron fortuna en los años de la dictadura, y por una clase política que se ha servido de la transición a la democracia para su propio beneficio. La casos de corrupción sacuden a todos los partidos ,a izquierda y a derecha, tras destaparse una red de financiación ilegal con un desfalco de cientos de millones de dólares. El Caso Odebrecht, la mayor trama de sobornos descubierta en América Latina, también extendió sus tentáculos en Chile a través de la compra de políticos y funcionarios. Incluso los Carabineros, una de las instituciones más respetadas del país, ha perdido su honorabilidad en el banquillo de los acusados. Un centenar de miembros de las fuerzas del orden fueron imputadas por malversación de fondos públicos en compras con sobreprecio, sueldos con asignaciones indebidas, anomalías en la adquisición de vehículos, licitaciones dirigidas y fraudes en la construcción de cuarteles. A pesar de la gravedad de los hechos, la mayoría salieron indemnes tras el pago de una multa económica, una situación de impunidad que no hizo más que enardecer el hartazgo de los ciudadanos.

La presión popular ha conseguido que el gobierno de Sebastián Piñera suspenda la subida de los precios del metro, pero todo hace indicar que la medida no va a surtir el efecto deseado por el ejecutivo

La presión popular ha conseguido que el gobierno de Sebastián Piñera suspenda la subida de los precios del metro, pero todo hace indicar que la medida no va a surtir el efecto deseado por el ejecutivo. Los chilenos y las chilenas continúan en las calles, a pesar de la imposición del toque de queda y de la violenta represión policial que se ha cobrado la vida de 11 personas y ha dejado centenares de heridos.

Las imágenes de las fuerza de seguridad atacando con virulencia a los manifestantes y las detenciones arbitrarias nos retrotraen a las noches más oscuras del pinochetismo. "Esto es una guerra", dijo Piñera en una comparecencia ante los medios de comunicación. La pregunta que se hacen ahora millones de personas es si de una vez por todas se abrirán las grandes alamedas en un país que ha dicho basta.

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