Colombia, el cementerio de los líderes sociales

Kamchatka es un espacio colectivo para una forma de hacer periodismo: feminista, de clase, contestatario e independiente. No tenemos grandes inversores que interfieran en nuestra ética profesional y para que esto pueda seguir así necesitamos más que nunca vuestra colaboración. Ayúdanos a seguir siendo libres. Ayúdanos a resistir.

El pasado viernes, 12 de abril, un grupo de desconocidos irrumpió en el municipio colombiano de Riosucio, en el departamento de Chocó, fronterizo con Panamá. Los asaltantes fueron directos hacia su objetivo, el líder indígena Aquileo Mecheche, quien murió instantes después a causa de las heridas provocadas por tres impactos de bala disparadas a quemarropa. Mecheche, que tenía 52 años, era el rector de la escuela indígena Jagual y lideró las marchas de protestas hacia Bogotá para exigir garantías de seguridad para los pueblos nativos y condiciones de vida dignas. A pesar de que llevaba meses recibiendo amenazas, las instituciones le denegaron en reiteradas ocasiones cualquier medida de protección, y ahora solo es un número más en una sangrienta lista que debería avergonzar a los dirigentes del país latinoamericano.

Colombia se ha convertido en un cadalso gigante para aquellos que se atreven a dar un paso al frente en defensa de los derechos humanos, especialmente en el caso de los indígenas, víctimas propicias del crimen organizado y las mafias parapoliciales.

En sus 1.142 millones de kilómetros cuadrados, prácticamente no queda ni un solo rincón donde las vidas de los líderes sociales no se hayan topado con la muerte. Naciones Unidas insiste en la urgente necesidad de una mayor implicación del gobierno en la protección de las comunidades indígenas, pero en un país cuyos gobernantes parecen más ocupados con la situación de Venezuela, este tipo de reclamos se convierten en palabras diluidas en un puñado de oídos sordos.

Según datos de la ONU, la Defensoría del Pueblo Colombiano y la Cumbre Agraria Campesina, más de 500 líderes sociales han sido asesinados en los últimos tres años

Según datos de la ONU, la Defensoría del Pueblo Colombiano y la Cumbre Agraria Campesina, más de 500 líderes sociales han sido asesinados en los últimos tres años. Abogados de los derechos humanos, lideres LGBTI, representantes de los colectivos de afrodescendientes, políticos, sindicalistas campesinos e indígenas. Nombres convertidos en números de un macabro contador que no para de sumar. Como el de Maritza Quiroz, representante de las mujeres afrodescendientes víctimas de desplazamiento forzado, a la que asesinaron tras haber conseguido que el estado le restituyera a ella y a otras nueve mujeres la propiedad de una finca. O Wilson Pérez, integrante del Movimiento Popular Constituyente, una organización para el empoderamiento ciudadano que reclama una mayor participación social en la toma de decisiones y una mejora en las condiciones de vida de las comunidades más desfavorecidas del departamento de Santander. O Faber Manquillo Gómez, un dirigente campesino de 30 años cuyo cuerpo sin vida fue encontrado con varios impactos de bala en la vereda de un río.

  • Nueva presidente, viejas soluciones

El 7 de agosto de 2018, Colombia elegía un nuevo presidente. Iván Duque, un liberal educado en universidades estadounidenses, se hacía con las riendas de un país masacrado por la violencia. La seguridad fue el eje central sobre el que pivotó su campaña electoral, con la promesa de la puesta en marcha de un plan integral para frenar el acoso al que están sometidos los representantes de las causas sociales, pero muy lejos cumplir con su palabra, son ya 120 los muertos durante sus apenas 8 meses de mandato.

El nuevo jefe del estado no solo no ha sabido atajar la escalada de violencia, sino que además se ha mostrado incapaz de deshacer la maraña burocrática entre las que se pierden las reivindicaciones de los llamados pueblos selváticos.

A lo largo de los últimos años, las autoridades han dedicado millones de dólares en la puesta en funcionamiento de diferentes organizaciones de mediación, cuyas funciones se han demostrado de papel mojado. La última fue la Comisión de Garantías, formada por representantes elegidos por el gobierno para ejercer de interlocutores con los representantes sociales, pero las demandas planteadas nunca llegan a las más altas instancias porque el presidente no convoca la comisión desde hace más de seis meses.

Los expertos aseguran que a pesar de que las violaciones de los derechos humanos deberían ser un asunto de solución prioritaria, la percepción es muy diferente entre los que padecen sus efectos en las zonas rurales y los habitantes de las ciudades, que lo perciben como una breve rutinario al final de los informativos. Es ahí, en esa brecha sentimental, donde se rompe la cadena que debería unir las inquietudes de los territorios locales con los asuntos de las grandes capitales. Lo que no preocupa en Bogotá queda relegado a los márgenes del debate público.

Es ahí, en esa brecha sentimental, donde se rompe la cadena que debería unir las inquietudes de los territorios locales con los asuntos de las grandes capitales

Pero ésta es una navaja de doble filo, y si bien la responsabilidad del gobierno central es ineludible, también lo es la inacción de los representantes políticos de esos territorios, más ocupados en culpar al ejecutivo nacional que en aunar esfuerzos en pro de una mayor vigilancia de los derechos humanos. “Es un diálogo de sordos”, asegura Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de la ONU en Colombia, quien insta a todos los representantes públicos “a fortalecer las medidas de protección y prevención encaminadas a abordar rápidamente esta situación de deterioro que afecta a los defensores de los derechos humanos como resultado de sus legítimas actividades”.

Aunque la cifra de 500 asesinatos debería ser sangre suficiente para provocar la reacción de las autoridades, lo cierto es que los grandes sillones del poder parecen estar más cómodos en el inmovilismo. Mientras organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas y el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales aseguran que la violencia es sistemática y obedece a una “estrategia metódica y no aleatoria", las autoridades permanecen estancadas en las viejas recetas que el tiempo ha demostrado insuficientes. Entre las favoritas de la derecha colombiana están, por una parte, la falacia de atribuir los crímenes a problemas personales, extremo desmentido por un informe de la Comisión de Garantías que cifra en un 70% los homicidios con un móvil político, y por otro, el proyecto uribista de externalizar la solución en las fuerzas armadas, circunstancia que solo ha servido para aumentar el clima de violencia y la sensación de inseguridad.

En la actualidad, alrededor de 4.500 líderes sociales viven bajo amenaza en Colombia y se ven obligados a desplazarse con protección, chalecos antibalas y vehículos blindados. Los afectados denuncian, sin embargo, que estas medidas solo sirven para proyectar una falsa sensación de seguridad, debido a que las autoridades no interpretan adecuadamente el nivel de peligrosidad, dejándoles a merced de los sicarios.

En la actualidad, alrededor de 4.500 líderes sociales viven bajo amenaza en Colombia y se ven obligados a desplazarse con protección, chalecos antibalas y vehículos blindados

Pese a todo, los líderes indígenas, los sindicalistas, los representantes afrodescendientes, los activistas LGTBI, y en general, todos los que trabajan por la defensa de los derechos humanos, han demostrado una capacidad encomiable de resistencia frente al yugo de la barbarie.

Cada vez son más las comunidades que se organizan para hacer oír sus voces, dentro y fuera del territorio nacional. Hace dos semanas, una veintena de organizaciones formadas por colombianos residentes en Europa iniciaron una marcha hacia la Corte Penal Internacional de La Haya para denunciar el “asesinato sistemático de los líderes sociales”, asegura Antonio Ramírez, miembro de Colombia Humana. Además, pretenden que el tribunal se implique en las investigaciones de las ejecuciones extrajudiciales, los llamados “falsos positivos”, donde estarían implicados miembros del ejército y cuya resolución se eterniza sine die en el sistema judicial colombiano. “Colombia se está desengranado”, concluye Ramírez, mientras el mundo mira hacia otro lado. 

Suscríbete a nuestra newsletter