El coronavirus y las aseguradoras privadas; un problema de salud pública para Estados Unidos

Osmel Martínez reconoce que en otras circunstancias no hubiera ido al médico. Tenía síntomas de una gripe, así que habría bastado con comprar unos medicamentos de venta libre y pasar un par de días en la cama, pero esta vez era diferente. Martínez acababa de regresar a Miami tras un viaje de trabajo en China, centro de la epidemia mundial del coronavirus.

Para disipar dudas y evitar poner en riesgo a familiares y vecinos decidió acudir al hospital Jackson Memorial, donde le practicaron un protocolo de aislamiento hasta que los resultados dilucidaron que no padecía el virus. La sorpresa, sin embargo, llegaría dos semanas después, cuando recibió un aviso de su compañía de seguros; Martínez debía pagar 3.270 dólares por actuar como un ciudadano responsable.

En 2018, la administración presidida por Donald Trump introdujo una serie de modificaciones en la la Ley de Cuidados de la Salud, permitiendo los llamados "planes basura", un contrato leonino para atraer a personas de bajo poder adquisitivo que creen estar adquiriendo un seguro médico de garantías, pero la realidad es bien distinta.

Según publica el periódico Miami Herald, que cita fuentes internas del hospital, la aseguradora de Martínez solo cubre un tope de gasto de 1.400 dólares. Además, tiene que presentar informes médicos de los últimos 3 años para demostrar que la gripe no se produjo por una condición médica preexistente, o la empresa a la que paga 140 dólares al mes no le abonará ni un solo céntimo. 

 

El caso de Osmel Martínez no es un hecho aislado. A partir de su experiencia se puede hacer una radiografía de las debilidades de un sistema donde la salud de las personas se ha transformado en un valor numérico que fluctúa dependiendo de las necesidades del mercado.

La mano invisible sobre la que teorizaba Adam Smith no es capaz de regular la voracidad de los capitales y cada vez se hace más latente la necesidad de introducir normas estatales que limiten la influencia de los intereses privados. Más aún cuando se trata de un tema tan delicado como la salud, y sobre todo en días como estos, en los que una pandemia altamente infecciosa se extiende por todo el mundo.

"Si tienen uno de esos planes basura y saben que no pueden permitirse pagar la atención médica, muchos de ellos no la buscarán y eso supone un problema de salud pública". Sabrina Corlette, profesora de la Universidad de Georgetown y codirectora del Centro de Reformas de Seguros de Salud, se refiere a los 12 millones de migrantes indocumentados que residen en Estados Unidos, a los alrededor de 30 millones que no tienen seguro médico, una cifra que aumenta en 3,5 millones cada año, y a los más de 10 millones, que al igual que Martínez, contrataron uno de estos planes basura. En total, en torno a 52 millones de ciudadanos carecen de una protección que les permita afrontar un tratamiento médico sin coste adicional.

Con semejante paradigma, las consecuencias de lo que pudiera suceder si el Covid-19 se extiende por el país norteamericano serían impredecibles. "¿Cómo pueden esperar que los ciudadanos normales contribuyan a eliminar el riesgo potencial de propagación de persona a persona si los hospitales esperan cobrarnos 3,270 dólares por un simple análisis de sangre y un hisopo nasal?", se pregunta Martínez. 

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