Cuando la violencia machista no es una cuestión de Estado en España

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Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la mujer. Un hecho que hunde sus raíces en el año 1981 tras realizarse el primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Bogotá. La elección de este día refleja la necesidad de plasmar para el recordatorio el asesinato de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana.

A lo largo de estas líneas se aludirá a la expresión “violencia de género” por ser el término jurídico, usando indistintamente “violencia machista” o “violencia contra las mujeres” tal como es considerada en el Movimiento Feminista. De igual modo, el término “igualdad de género” será sustituido por el de “igualdad entre los sexos” para subsanar la confusión que hay últimamente con la terminología “género”, que lejos de usarse como categoría de análisis pasa a sustituir y diluir la categoría sexo negando una realidad material por la que se produce la violencia contra las mujeres por el hecho de serlo. 

A día de hoy la violencia de género cuenta con un marco teórico que ha posibilitado abordarla desde las instituciones creando leyes para otorgarle la importancia que requiere y que traslada la violencia cometida contra las mujeres del ámbito privado al ámbito público, de la anécdota de los casos aislados a la categoría de una violencia sistemática y sistémica. 

Para entender qué es la violencia de género es necesario llevar a cabo una correcta conceptualización que ayude a comprender las dimensiones de esta violencia específica cometida por hombres hacia las mujeres y diferenciarla así de otros tipos de violencia como la violencia doméstica o intrafamiliar, términos usados en el pasado para este contexto por falta de análisis y recuperados por partidos negacionistas con el objetivo de crear confusión y que a través de un intencionado totum revolutum, nos alejemos de las causas estructurales de esta violencia. Es también crucial el contexto internacional para llegar al momento actual en la lucha contra la violencia machista y saber qué queda por implementar para que la violencia contra las mujeres por el hecho de serlo sea una cuestión de Estado.

En España se cuenta con una ley pionera y referente para combatir la violencia machista como es la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección Integral contra la Violencia de Género. No obstante, esta normativa está precedida por una serie de declaraciones, convenciones y protocolos que han ido colocando en el debate social y por lo tanto en la esfera pública, y también a nivel global, la necesidad de visibilizar las formas de discriminación hacia las mujeres y establecer medidas para eliminarla.

Marco histórico de la normativa internacional contra la violencia de género. 

  • Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Esta declaración aprobada por las Naciones Unidas en 1948 recoge en sus primeros artículos: Art. 1º: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Art. 2º: “Toda persona tiene derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

  • Convención de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. CEDAW.

La Convención fue aprobada el 18 de diciembre de 1979 y deja patente la desigualdad existente entre mujeres y hombres por la que las mujeres siguen viendo vulnerada su dignidad humana. En el art. 1º: “A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. En 1992 se crea el Comité permanente para la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas. 

  • Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Nairobi (1985). 

Desde las Naciones Unidas se impulsan cuatro conferencias mundiales para analizar la situación de las mujeres y promover acciones con el fin de alcanzar la igualdad entre los sexos. En Nairobi se empezaron a establecer medidas concretas y se exhortaba a los Estados miembros a llevar a cabo estas medidas para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer adoptando estrategias para su participación en iniciativas de paz y desarrollo, así como para promover el empoderamiento en el ámbito de la salud, la educación y el empleo. 

  • Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing. 

Tal como recoge Naciones Unidas, este encuentro supuso un punto de inflexión para la agenda mundial en materia de igualdad entre los sexos.

“La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing adoptada de manera unánime por 189 países, constituye un programa en favor del empoderamiento de la mujer y en su elaboración se tuvo en cuenta el documento clave de política mundial sobre igualdad de género”. A través de 12 esferas refleja el acuerdo mundial para mejorar la vida de las mujeres y que cada vez más mujeres formen parte del espacio público y estén en las esferas de toma de decisiones. Así, una de las esferas contemplaba la violencia contra las mujeres. 

  • Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad. 

De igual modo es relevante referir la RCS 1325 por ser la primera resolución adoptada por el Consejo de Seguridad con la que se abordaba el impacto de la guerra en las mujeres y las niñas, así como la necesidad de incorporar la participación de las mujeres en la resolución de conflictos para el mantenimiento de la paz. En 2009 se aprobó la Resolución 1889 del Consejo de Seguridad sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad que en su artículo 3: «Condena enérgicamente todas las violaciones del derecho internacional aplicable cometidas contra las mujeres y las niñas en situaciones de conflicto armado y posteriores a ellos, exige a todas las partes en los conflictos que dejen de cometer tales actos inmediatamente, y pone de relieve la responsabilidad que incumbe a todos los Estados de poner fin a la impunidad y de enjuiciar a los culpables de todo tipo de actos de violencia cometidos contra las mujeres y las niñas en situaciones de conflicto armado, incluidas las violaciones y otros actos de violencia sexual».

  • La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución A/RES/48/104, de 28 de diciembre del año 1993.

En esta declaración y en su artículo 1 se define qué es la violencia contra la mujer: «A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la mujer" se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada».

  • Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niñas.

Este protocolo es conocido como el protocolo de Palermo ya que fue aprobado en esta ciudad de Italia y entró en vigor el 25 de diciembre de 2003. Sus tres objetivos fundamentales son: “a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños, de grupos criminales y transnacionales organizados. b) Proteger y ayudar a las víctimas de trata. c) Promover la cooperación entre los Estados parte para lograr estos fines”.

  • Ley Integral contra la Violencia de Género.

Se hablará más detenidamente junto con el Pacto de Estado aprobado en 2017 y se mencionará también la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género de la Junta de Andalucía. 

  • Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. (Convenio de Estambul).

El Convenio de Estambul se firmó el 11 de mayo de 2011 y fue ratificado por España en 2014. Se trata de un instrumento jurídico internacional vinculante para los Estados en la prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres. En este documento se reconocen diferentes formas de violencia que afectan a mujeres y niñas como son la violación, el acoso sexual, el matrimonio forzoso, la mutilación genital femenina y los llamados crímenes de honor.

  • La iniciativa Spotlight. 

La iniciativa Spotlight (“foco” en inglés) de carácter mundial es llevada de manera conjunta por la Unión Europea y las Naciones Unidas para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Desde la página oficial hace referencia a que esta violencia queda en la oscuridad porque se niega y oculta y de lo que se trata es de hacerla pública y situarla en el centro para combatirla. En este sentido se destaca como aspecto importante la inversión y llegar a cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Conceptualización de la Violencia de Género. Una violencia cometida contra las mujeres por el hecho de serlo. 

Tal como queda referido líneas más arriba la LO 1/2004 se convirtió en la primera Ley Integral contra la Violencia de Género de Europa. Por primera vez la violencia machista salió del ámbito privado para ser considerada un problema que dadas sus dimensiones estructurales debería formar parte del espacio público, obteniendo una solución por parte del Estado. 

Resulta imprescindible recordar como punto de inflexión el caso de Ana Orantes, una mujer que denunció en la cadena pública de Andalucía cómo su marido la había sometido durante cuarenta años a palizas, humillaciones, vejaciones y situaciones de tortura; y tras esa denuncia pública en el plató de un programa de televisión, trece días después, su expareja, José Parejo, la roció con gasolina y la quemó. Esta víctima de violencia machista dejó las siguientes palabras aquella tarde: 

«Yo necesito desahogarme. Esto no puede seguir. Llevo tantos años aguantando… Y además lo denuncio y no pasa nada. Es terrible. Igual cuando yo lo diga públicamente aquí; como se va a enterar mucha gente, yo voy a llegar y sé que me van a defender; mis vecinos, mi gente. Y él incluso no se va a atrever a hacerme nada porque yo estoy aquí. A qué le temo ya». 

En 1997 Ana Orantes tuvo que compartir la casa con su agresor porque así lo dictaminó un juez, hoy eso es impensable y tras el asesinato de Orantes ya se puso en marcha las órdenes de alejamiento, una medida que siguen incumpliendo los agresores. 

El asesinato de Ana Orantes cambió en cierta forma la manera de informar sobre violencia machista aunque aún quede mucho por hacer, como dejar de poner el foco en que la víctima no denunció, ya que no es fácil interponer una denuncia cuando la mujer víctima de violencia machista siente que no está protegida. En este sentido, la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación de Gobierno en Extremadura, Carmen Freire, tras una entrevista para esta revista interpela a la sociedad y afirma que falla la concienciación social en denunciar: «Hay muy pocas denuncias todavía de personas ajenas a la mujer, de personas del círculo de la mujer. La dejamos que sea ella la que denuncie y a veces eso es muy difícil para ella por muchas cuestiones. En ese sentido falla más la concienciación social».

En 1997 Ana Orantes tuvo que compartir la casa con su agresor porque así lo dictaminó un juez, hoy eso es impensable y tras el asesinato de Orantes ya se puso en marcha las órdenes de alejamiento, una medida que siguen incumpliendo los agresores. 

Hay leyes, reformas y medidas en la lucha contra la violencia machista que están funcionando y, sin embargo, los hombres siguen acosando, violando y asesinando a las mujeres porque sigue habiendo más aspectos que fallan. En esta línea se evidencia la necesidad de trabajar en prevención y sensibilización dando una formación específica en esta materia al personal profesional que intervenga en casos de violencia de género. Así, en una entrevista para este medio Lidia Fernández, miembro de la Plataforma 7N, decía que “lo más importante de la ley hace referencia a la prevención y la sensibilización y en el momento en el que tienen que actuar las demás partes de la ley es porque hemos llegado tarde, ya se ha producido la violencia machista; es la parte más inexplorada de la ley”. En la conversación se analizan las luces y las sombras del Pacto de Estado, expresión que ella utiliza, pero ya aquí adelanta que la prevención y la sensibilización que se recoge en uno de los ejes de dicho pacto nos dice en 2017 que se tiene que cumplir una ley de 2004.

La conceptualización sirve para contestar a la pregunta qué significa hablar de una violencia contra las mujeres por el hecho de serlo. Recurriendo a la Ley 13/2007 se define el concepto de violencia de género: «Toda conducta que atenta contra la dignidad e integridad física y moral de las mujeres por el hecho de serlo, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres».

En este punto se determinan las causas estructurales de la violencia de género, que están sustentadas por la sociedad patriarcal, en la que existe una jerarquía sexual que implica la creencia de supremacía de los hombres con respecto de las mujeres. Y estas creencias se van gestando desde el nacimiento con el proceso de socialización diferencial y por tanto la construcción del género en esa dicotomía de masculinidad y feminidad. 

Recordaba Lidia Fernández en una ponencia a Simone de Beauvoir con la frase “la mujer no nace, se hace” para mostrar cómo nos hemos hecho las mujeres y apunta a que “la violencia de género ha sido un mecanismo de subordinación para todas nosotras con el fin de evitar que nos constituyamos como sujetos empoderados, y que quedemos relegadas a esos sujetos subalternos de los hombres”. 

Cuando se habla de violencia de género todavía hoy se piensa en los asesinatos machistas, que suponen la punta del iceberg. Y poniendo el foco en las agresiones, el golpe se hace evidente pero otro tipo de violencia queda soterrada y es difícil hacerla visible. La inspectora Carmen Freire a la pregunta acerca de qué violencia le preocupa más señala la violencia psicológica y lo explica con estas palabras: 

«La violencia que más me preocupa es la violencia psicológica por dos motivos. Uno, porque es muy difícil de demostrar por parte de la mujer, es decir, un golpe, una rotura de pómulos, de nariz, unos negrales… eso lo está viendo el juez, el médico, la policía. Pero una violencia psicológica está silenciosa, ellas piensan que no las van a creer. El segundo motivo es que la mayoría que vemos es de muchos años y eso deja una secuela difícil de tratar. Aquí en Extremadura cuando hacemos reuniones en municipios vemos que hay mujeres que incluso tras el fallecimiento de sus maridos, que han sido sometidas siempre a violencia, después siguen siendo tratadas. La violencia psicológica destroza completamente a la mujer y tenemos que estar más atentos».

Estar atentas a todas las formas de violencia como la violencia verbal, la violencia sexual; la representación estereotipada en los medios y la publicidad; el lenguaje sexista; la exclusión, invisibilidad y el borrado de las mujeres donde se ocultan las aportaciones de las mujeres, su realidad social y se introduce una neolengua del tipo “personas gestantes” o “personas que menstrúan”;  la violencia institucional; la mutilación genital femenina, la pornografía o la explotación sexual y reproductiva. 

Todo ello está provocado por una violencia estructural dada la configuración de la sociedad y la posición de los sexos en ella, y que presenta una desigual retribución monetaria, un reparto también desigual en las tareas del hogar y el cuidado y dificultades para la conciliación y para acceder a puestos de trabajo de poder y liderazgo por parte de las mujeres. 

La escritora feminista Kate Millett ya dejó por escrito en Política sexual, que «el sexo es una categoría social cargada de política» y que «el dominio sexual es tal vez la ideología más profundamente arraigada en nuestra cultura por cristalizar en ella el concepto más elemental de poder»; siendo el patriarcado «una institución en virtud de la cual una mitad de la población (es decir, las mujeres) se encuentra bajo el control de la otra mitad (los hombres)».

En definitiva, la violencia de género, en todas sus formas, es un instrumento de dominación y control para mantener una desigualdad jerárquica, que a través de la violencia simbólica el sujeto dominante hace que el sujeto dominado interiorice y acepte ese lugar de subordinación asignado. 

Por otra parte, para hacerse cargo de la dimensión del problema está la necesidad de considerar la violencia machista como una forma de terrorismo. Así lo consideran varias voces expertas y los partidos que el pasado 16 de septiembre votaron en el Parlamento Europeo tipificar la violencia machista como “eurodelito”, equiparándola con el terrorismo considerando esta violencia específica como «una violación de los derechos humanos y de la dignidad que puede adoptar la forma de violencia psicológica, física, sexual y económica, e incluye, entre otras cosas, el feminicidio, la violencia en el marco de la pareja o expareja, el acoso sexual, la ciberviolencia, el hostigamiento, la violación, el matrimonio forzado, la mutilación genital femenina, el aborto forzado o los llamados crímenes de honor».

Ya se venía haciendo esta relación entre terrorismo y violencia machista y en un estudio elaborado por la abogada María del Mar Daza titulado Paralelismos entre terrorismo y violencia machista, argumenta que se trata de una violencia directa que «tiene un fuerte impacto en la memoria de la víctima cuando sobrevive». Continúa, «cuando se mira en su conjunto la violencia de género, y no a cada hecho singular aisladamente, se ve con claridad que pretende que las mujeres tengan miedo y no sean independientes, sino limitadas, sumisas, que permanezcan relegadas al espacio privado». Y este temor va dirigido al conjunto de mujeres. También es relevante destacar lo que señala Daza en cuanto a cómo «el agresor aparece como un perpetrador aislado». Y «presentar estos hechos como singulares, aislados, sin relación unos con otros, es una evasiva; no se producen por causas individuales ni porque sí, sino porque existe toda una cultura que los respalda, en pugna con otra que los condena».

En este punto los medios de comunicación juegan un papel fundamental para transmitir al conjunto de la sociedad informaciones que contribuyan a la concienciación social y no incurran en mala praxis periodística. La periodista y experta en género y comunicación y autora del libro recién publicado Muere una mujer, Juana Gallego, hace unas declaraciones para Kamchatka: 

«Los medios de comunicación todavía no han encontrado una manera óptima de reflejar la violencia contra las mujeres. Es abordado como un hecho puntual que afecta a las personas implicadas. Se dan detalles del caso con fuentes familiares o vecinales que no aportan ninguna información relevante. Los textos son breves, en ocasiones en espacios residuales de la página o poniendo de relieve los aspectos más escabrosos. Pese a que se incorporan datos contextuales no se hace una adecuada presentación del contexto. Los hechos quedan reducidos a un formato de suceso sin que haya relación de unos con otros, de tal manera que cada agresión es presentada como aislada de todas las demás. El suceso es un acontecimiento imprevisible, incomprensible e inexplicable. Un hecho del que no se pueden dar razones. Sin embargo, los asesinatos, agresiones, violaciones, etc, no son sucesos inexplicables, tienen una explicación y unas causas que los medios aún no saben cómo incorporar».

Dónde nos encontramos en la lucha contra la violencia de género.

A cinco años del Pacto de Estado, ¿es la violencia contra las mujeres una Cuestión de Estado? Las expertas consultadas por el Pacto de Estado coinciden en destacar que fue un pacto consensuado. Es un hito que toda la Cámara diga sí a establecer ejes de actuación para tomarse en serio la lucha contra la violencia hacia las mujeres, y caminar en esa demanda de la Plataforma 7N que ya pedía en 2015 que la violencia machista fuese una cuestión de Estado. Al término de este reportaje se verá si realmente esto último se ha conseguido. 

Cada 25 de noviembre se hace visible la violencia contra las mujeres por el hecho de serlo, en cada parte del mundo. Y todavía hoy, la violencia contra las mujeres no recibe una respuesta incontestable porque no está como prioridad en la agenda política.

Lidia Fernández recorre durante la entrevista las luces del Pacto de Estado y hay que empezar por algo necesario para implementar políticas como es el presupuesto. Si bien la dotación económica de 200 millones de euros es acertada, Fernández apunta a que el reparto de 100 millones para las Comunidades Autónomas, 80 para la Administración central y 20 para los ayuntamientos no es adecuado por ser esta administración la más cercana. Y a esto hay que añadir el problema para hacer un seguimiento del control del gasto. A este respecto, Henar Sastre, enfermera comprometida con el Movimiento Feminista por los derechos de las mujeres, cuenta para esta revista que en una reunión en el Ministerio de Igualdad preguntaba cuánto de los 800 millones en estos cuatro años han ido a Hacienda para pagar deuda española ya que como recordó durante la entrevista el Pacto de Estado contempla un dinero finalista. 

El seguimiento del Pacto fue una tarea pendiente. Desde su aprobación en 2017, tuvo una comisión de seguimiento en 2020. Fernández comenta que desde las asociaciones feministas reclamaban un sistema de seguimiento como en CEDAW, que permita a la sociedad civil presentar informes sombra que se tengan en cuenta para evaluar el pacto.

Juana Gallego también coincide en esta supervisión y cree necesario «hacer un balance de lo ocurrido en estos años, así como explicar cómo se ha invertido el dinero del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Se están dando cursos o celebrando actos financiados con fondos del Pacto de Estado que nada aportan a la lucha contra esta violencia».

Siguiendo con los hitos del Pacto de Estado, Fernández como experta en su análisis, apunta al título habilitante: «que pudieran acceder a la condición de víctima sin necesidad de interponer una denuncia, que esa denuncia se interponga más adelante cuando ellas han tenido un acompañamiento y están fortalecidas; y no se van a echar atrás en sede judicial cuando el juez les diga una y otra vez que tienen este derecho. Para mí es una de las grandes luces que tiene el pacto».

La necesidad de acompañamiento la conoce muy bien Marilé Calvo García, directora de la Casa de la Mujer en Badajoz desde 2016 y que acaba de ser galardonada con el Premio Menina. Cuenta a este medio que la Casa puede acoger a catorce unidades familiares y que en la actualidad atiende a diez mujeres, que no necesitan interponer una denuncia para ser consideradas víctimas y recibir ese apoyo. Los perfiles son algo variados, aunque como afirma la directora allí llegan las más vulnerables:

 «Atendemos a las mujeres víctimas de violencia de género que no han tenido toda la autonomía y siguen viviendo en su casa o con su familia. A las que tienen dinero o tienen trabajo pero son víctimas y necesitan asesoramiento jurídico, recomponerse y a esto les va a ayudar las psicólogas; las que tienen trabajo pero no es duradero y vienen para que la trabajadora social les digan qué tipo de ayudas pueden pedir o cuánto tiempo pueden estar con esta prestación, si saben más recursos y vienen con sus hijos e hijas porque también atendemos a estas hijas de madres víctimas de violencia de género; ellas y ellos necesitan una recuperación psicológica. Y también niñas menores que han comenzado una relación y son víctimas de esa relación o son víctimas de abuso, de violación o de actitud contra ellas por ser niñas». 

La atención y la presencia se hace imprescindible y en este sentido es obligatorio preguntar cómo se ha desarrollado durante la pandemia: «Durante la pandemia sólo se podía llamar. Se notó muchísimo cuando se empezó a salir por horas. Las mujeres empezaron a llamar cuando él salía a hacer deporte, aprovechando que él no estaba en casa».

Otra de las luces es el reconocimiento de las víctimas por interpósita persona, lo que se conoce como violencia vicaria; una medida que como recuerda Lidia Fernández emocionada, entró en el último momento tras darse cuenta los expertos y las expertas en la elaboración del texto de la presencia en la sala de Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, una niña y un niño de seis y dos años respectivamente asesinados por su padre y expareja de Ortiz, José Bretón en 2011.

La inspectora Carmen Freire señala como pasos importantes las medidas 204 y 205 referidas a la suspensión de régimen de visitas en casos de violencia de género, la medida 129 que es la prohibición del falso SAP, y cree que «con eso faltan todavía algunos puntos, se le está dando también formación a cuerpos y fuerzas de seguridad. Se han creado equipos especializados en violencia de género en la Guardia Civil. Además de los que estaban, pero a nivel territorial también. Asimismo, el Ministerio del Interior también está legislando mucho, estamos dando mucha formación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se ha establecido este verano el Protocolo 0, que es un protocolo que nos da las pautas de actuación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, todas las locales, nacionales, autonómicas, para aquellos casos en los que las víctimas no quieran denunciar».

En cuanto a las sombras, Fernández incluye la no equiparación en la indemnización a las víctimas de terrorismo. Cuenta que «ETA en toda su historia asesinó a 829 personas. Desde el año 2003 van 1.118 mujeres asesinadas. La indemnización que tiene una víctima de violencia de género es de media diez veces inferior a la que tiene una víctima de violencia terrorista, diez de media porque una compañera de Andalucía, Mar Daza, hizo un estudio y dijo que podían ser entre 6 y 16 veces inferior y la media es 10».

Siguiendo con las sombras cabe señalar el eje 8 que recoge “Otras formas de violencia contra las mujeres”. Aquí se encuentra la violencia sexual, la trata y la prostitución y Lidia Fernández recuerda que estas violencias están en el corazón mismo de la violencia patriarcal y que una de las tareas pendientes es la lucha contra la pornografía y la prostitución. 

Apuntaba Henar Sastre citando a la socióloga Rosa Cobo que hay un diseño, que «se diseña qué queremos que sean las mujeres. Y a tenor del diseño de la pornografía, del mensaje que transmite la pornografía, la hipersexualización de las niñas y las mujeres, por todas estas señales de todos los relatos parece que se quiere banalizar, normalizar, legitimar los cuerpos a disposición de los hombres. Todo esto viene articulado haciéndonos creer que decidimos nosotras». 

Decía la inspectora Freire que a nivel regional han aumentado todos los delitos que se denuncian contra la libertad e indemnidad sexual; que en el caso de la violación con penetración en Extremadura ha sido de un 75% y que desde la delegación del gobierno sí notan más denuncias. Tal como recoge el portal estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior, entre enero y septiembre de 2021 se han producido a nivel nacional 12.638 delitos contra la libertad y la indemnidad sexual y 1.601 agresiones sexuales con penetración. En el mismo trimestre del año anterior (2020) han sido 9.951 delitos contra la libertad y la indemnidad sexual y 1.226 agresiones sexuales con penetración.

El Ministerio de Igualdad ya ha anunciado un anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual para combatir la violencia sexual y pretende llevar a cabo la modificación de la Ley 1/2004 para que incluya otras violencias dentro de esa norma y no sólo limitada a aquella que se produce en el entorno de la pareja. No obstante asociaciones feministas, siguiendo el trabajo del propio ministerio, advierten del peligro de incluir términos como “identidad de género” ya que contraviene el sentido de una violencia contra la mujer en base al sexo. 

La pregunta final es si la violencia contra las mujeres es una cuestión de Estado. Lidia Fernández responde: «Todo lo que tiene que ver con nuestros derechos está en peligro. La violencia contra las mujeres no es la cuestión de Estado en estos momentos. Y esto lo está condicionado todo. Y precisamente el 25N lo que tenemos que reclamar en las calles es eso, que estamos hartas de tanta violencia contra las mujeres y que esta tiene que ser cuestión de Estado». Hace también mención a las conferencias mundiales para señalar como elemento significativo que desde 1995, en Beijing, no se ha vuelto a convocar una conferencia de esta envergadura. 

Será importante también el compromiso de los medios para crear esa conciencia social necesaria. Juana Gallego comentaba la falta de contexto en las noticias y de fuentes expertas que expliquen «por qué esta violencia tiene lugar, por qué no hay denuncias previas, y se ofrezca un relato que incluya no los hechos esporádicos sino la violencia como mecanismo de control sobre las mujeres», ya que como ella misma dice, hasta que esto ocurra no se avanzará. 

En esta semana el Ministerio de Igualdad convocó una reunión con el Movimiento Feminista y en un comunicado publicado por el Fórum de Política Feminista advierten de que esta invitación llega dos años después de que se formase gobierno, con celeridad y sin un orden del día. Insisten desde esta organización en la necesidad de saber qué pasará con el Pacto de Estado. 

Cada 25 de noviembre se hace visible la violencia contra las mujeres por el hecho de serlo, en cada parte del mundo. Y todavía hoy, la violencia contra las mujeres no recibe una respuesta incontestable porque no está como prioridad en la agenda política. Porque aún hoy la violencia machista no es una cuestión de Estado. 

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