En legítima defensa

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El 27 de julio de 2018, Mijail Khachaturyan llamó una por una a sus tres hijas para que acudieran raudas al salón del hogar familiar, ubicado al norte de Moscú. El hombre estaba enfurecido porque había encontrada la casa desordenada y acusaba a las chicas, de 17, 18 y 19 años, de haber dejado un pelo largo en el suelo de la habitación.

Khachaturyan, de 57 años, roció a sus hijas con gas pimienta. Cuando llegó la noche, las jóvenes aprovecharon que su padre estaba durmiendo para pegarle con un martillo y apuñalarle hasta la muerte con un cuchillo de cocina.

Habían tomado la decisión de que aquel episodio sería el último de una serie de abusos que llevaban sufriendo durante mucho tiempo, a manos de su progenitor. Un año después, Krestina, Angelina y María se enfrentan a un juicio con penas de prisión de hasta 20 años para las dos mayores y 10 para la más pequeña, que en el momento de los hechos era menor de edad.

Habían tomado la decisión de que aquel episodio sería el último de una serie de abusos que llevaban sufriendo durante mucho tiempo, a manos de su progenitor

El caso ha despertado un enorme revuelo en Rusia, tras saberse que la actuación de las hermanas estuvo condicionada por años de maltrato. Los informes judiciales demuestran que soportaron abusos físicos y sexuales por parte de su padre, con el que convivían a solas desde que echó a la madre de la casa familiar en 2015, con la amenaza de matarla si regresaba para llevarse a las niñas. “Estaban aterrorizadas. Vivían prácticamente esclavizadas, en una atmósfera irrespirable y temían por su vida”, aseguró en rueda de prensa uno de los abogados de las jóvenes, quien alega que actuaron en legítima defensa.

El país está dividido entre los que apoyan al agresor, como su hermana, quien ha pedido una “condena severa” para sus sobrinas, y las organizaciones de mujeres que han salido a las calles para exigir que sean absueltas. Miles de personas recorrieron el pasado jueves las avenidas del centro de Moscú y San Petersburgo, y otras tantas han firmado una petición online donde solicitan que se acepte la legítima defensa como causa del homicidio.

Rara vez un caso similar ha enfervorecido tanto el debate en la sociedad rusa. Los hábitos de la vida pública están controlados por la inmensa influencia que todavía ejerce la iglesia ortodoxa. Además, el país es uno de los pocos del mundo desarrollado que no cuenta con una ley específica contra la violencia de género. Por contra, en 2017, el parlamento aprobó una normativa que protege a los llamados “agresores primerizos” dentro del ámbito familiar. De esta forma, una primera agresión sin secuelas graves contra la pareja o los hijos es una falta administrativa con un castigo de 15 días de cárcel y unos 400 euros de multa. Si se produjera un segundo delito durante los 12 meses posteriores, la pena aumentaría a 500 euros y 3 meses de prisión o 250 días de trabajo comunitario. Rusia no hace públicas estadísticas sobre violencia machista desde hace 7 años. Por entonces, en 2012, 600.000 mujeres sufrían en menor o mayor grado esta lacra, pero eran muy pocas las que se atreverían a denunciar, al no existir un marco legal donde poder encontrar cobijo.

Rusia es uno de los pocos países del mundo desarrollado que no cuenta con una ley específica contra la violencia de género

La ONU ha alertado en varias ocasiones sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres agredidas, e insta a las autoridades rusas a modificar una legislación que deja en manos de los agresores la suerte de las víctimas.  El pasado mes de julio, el Tribunal Europeo de Derechos humanos condenó al estado ruso por considerar que había fallado en su obligación de ofrecer protección a una mujer que estaba sufriendo agresiones continuadas por parte de una antigua pareja. Valeria Volodina, a la que su exnovio instaló un dispositivo GPS en su bolso para tenerla permanentemente localizada, denunció los hechos a la policía, pero la única respuesta que encontró fue "que volviese cuando me hubiera matado".  

Aurelia Dunduc, la madre de Krestina, Angelina y María, sí que halló el coraje para comunicar a las autoridades el calvario a la que estaba siendo sometida, pero todas las peticiones de auxilio cayeron en saco roto. Dunduc asegura que las agresiones comenzaron al poco de contraer matrimonio, cuando ella era una joven de 19 años y él un hombre de 37 que encontraba sustento en el trapicheo con la mafia armenia.

De sus hijas cuenta que el infierno que han tenido que atravesar ha convertido a tres adolescentes risueñas en seres introspectivos que han perdido cualquier lazo de sociabilización con el mundo exterior. Su padre les impedía salir de casa y acumulaban más de un año sin acudir a clase, circunstancia que, sin embargo, no despertó sospecha alguna entre las autoridades educativas. Tampoco fue motivo de investigación el intento de suicidio de Krestina, sucedido a raíz de una de las tantas agresiones sexuales.

La fiscalía ha decidido iniciar una investigación contra el difunto Khachaturyan al hallar indicios suficientes sobre la veracidad de los abusos

Las jóvenes, que permanecen aisladas sin contacto entre ellas, han recibido en las últimas fechas el respaldo de la fiscalía, que ha decidido iniciar una investigación contra el difunto Khachaturyan al hallar indicios suficientes sobre la veracidad de los abusos. Los abogados esperan que la medida sirva para apuntalar la estrategia de la legítima defensa, aunque se muestran cautos debido a la pasividad que las autoridades han demostrado en episodios anteriores.

Ahora, el estado tiene la oportunidad de resarcir años de inacción donde su labor como garantes del bienestar de sus ciudadanos ha sido inexistente. De la decisión del tribunal dependerá si Krestina, Angelina y María pueden tratar de enderezar una vida truncaba por los abusos y la violencia. 

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