Estados Unidos está deportando a mujeres que sufrieron histerectomías forzosas

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El pasado 14 de septiembre, Dawn Wooten, una enfermera que trabajaba en el centro de detención del condado de Irwin, una instalación ubicada en Georgia que alberga a los detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., denunció a través de la organización Project South que varias mujeres internadas en el centro habían sido sometidas a procedimientos quirúrgicos médicamente innecesarios que ponían en riesgo su salud y su capacidad para tener hijos. "Pensé que esto era como un campo de concentración experimental", se puede leer en el escrito.  

Al menos 27 mujeres fueron presionadas para someterse a una histerectomía y todas ellas apuntan a un mismo responsable, el ginecólogo Mahendra Amin

Al menos 27 mujeres fueron presionadas para someterse a una histerectomía (la extirpación parcial o total del útero) y todas ellas apuntan a un mismo responsable, el ginecólogo Mahendra Amin, a cuya consulta derivaban a las internas que precisaban de atención médica. Las acusaciones han sido ratificadas por 9 ginecólogos obstetras de la fundación independiente All Good, que tras hacer las revisiones pertinentes a las víctimas, hallaron "un perturbador patrón de tratamiento agresivo, que incluye la exageración de la necesidad de cirugías invasivas, la presión injustificada para someterse a intervenciones quirúrgicas y la imposibilidad de obtener un consentimiento informado". 

Una de estas mujeres, cuya identidad ha decidido mantener en el anonimato, ha contado a The Intercept su experiencia con el sanitario, tras acudir a su consulta después de sentirse aquejada de un dolor intenso en el estómago y flujos irregulares en la menstruación. Jamileth, nombre ficticio, relata como el doctor Amin quiso ponerle una inyección para luego sugerirle una cirugía de extirpación de un quiste, algo a lo que ella se negó alegando que tenía que consultarlo con su familia. "No quise volver porque había visto a una mujer que tras ser operada comenzó a sangrar por la herida. Estaba morada y con el estómago negro".

Mbeti Ndonga, de 37 años, fue otra de las pacientes que habría sufrido los presuntos abusos. Padecía dolores abdominales y un sangrado menstrual constante, así que solicitó al ginecólogo una nueva receta para seguir con el tratamiento que su anterior médico le había prescrito. Amin, sin embargo, insistió en la necesidad de hacer un legrado, un proceso quirúrgico mediante el cual se extrae tejido del útero. Cuando se despertó, recuerda Ndonga, el médico le dijo que no podría tener hijos. Otras afectadas han declarado que les fueron recetadas, sin su consentimiento, una dosis de Depo-Provera, una inyección hormonal anticonceptiva con perniciosos efectos secundarios, y casi la totalidad de las víctimas coinciden en señalar el empeño del médico por someterlas a la histerectomía.

Además de a los abusos ginecológicos anteriormente descritos, las mujeres tienen que enfrentarse al temor a padecer represalias por parte de las administraciones gubernamentales. Desde que Project South presentó el informe inicial donde se detallan las acusaciones, 6 mujeres que fueron visitadas por el doctor Amin han sido deportadas, y otras 7 se encuentran ahora mismo imbuidas en el proceso de expulsión.

Seis mujeres que fueron visitadas por el doctor Amin han sido deportadas, y otras siete se encuentran ahora mismo imbuidas en el proceso de expulsión

Es el caso de Yamidia, que fue regresada a México 3 días después de ser tratada con un proceso quirúrgico que ni aceptó ni comprendió. Recuerda como en el avión que le trasladó de vuelta a su país de origen todavía se sentía dolorida y con sangrados frecuentes. Solo unas semanas después, cuando consiguió ser revisada por un ginecólogo, supo qué había sucedido: le habían aplicado una inyección hormonal y fue tratada con un legrado para extirparle un quiste.

Los responsables de Project South han contabilizado un total de 57 mujeres que se sometieron o fueron presionadas para someterse a intervenciones quirúrgicas innecesarias, pero tienen la sospecha de que el número real de afectadas podría ser mucho mayor. La organización se confiesa incapaz de realizar una aproximación más certera, debido a la opacidad del sistema, al flujo constante de detenidas y a la expulsión de víctimas y testigos que ha llevado a cabo la administración Trump en los últimos coletazos de su mandato. "Me duele saber que podría haber muchas más mujeres que nunca podrán hablar sobre los abusos que sufrieron y mucho menos recibir medidas de compensación", lamenta Azadeh Shahshahani, directora legal y de defensa de Project South.

El pasado viernes, un grupo de congresistas estadounidenses entre las que se encuentran Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib y Ayanna Pressley enviaron una carta a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde solicitan que lidere una investigación con el fin de dilucidar "las presuntas violaciones de los derechos humanos que pudieran haberse cometido".

Por su parte, el centro de detención de Irwin, una institución privada perteneciente a conglomerado empresarial LaSalle Corrections, anuncia que ha abierto una investigación para "esclarecer lo sucedido" mientras ha relevado de sus servicios al doctor Amin. El abogado de este, Scott Grubman niega rotundamente las acusaciones y recalca que su cliente es "un profesional muy respetado que ha dedicado toda su vida a tratar a población de alto riesgo en zonas rurales y muy desatendidas de Georgia". 

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