La falta de vivienda digna hace enfermar

“Mamá, yo no quiero estar aquí mañana”, le dijo su hijo a Carmen, habitante del barrio de Usera en Madrid ante un inminente desahucio. Así comienza el documental que acompaña al estudio realizado por Provivienda y la Universidad Complutense de Madrid llamado “Cuando la casa nos enferma. La vivienda como cuestión de salud pública”. Esta investigación, financiada por el Ministerio de Sanidad y dirigida por Thomas Ubrich, revela que cuando se tienen problemas de vivienda, la salud se ve tremendamente afectada. Los más pequeños viven el proceso de la pérdida de su casa de principio a fin, a veces sin poder comprender lo que realmente ocurre. El nieto de Alicia a veces le pregunta, cuando oye a ciertos partidos en televisión criticar a los “okupas”, que si ellos también lo son. No son okupas, viven en una casa por la que el banco les cobra un alquiler social (alquiler adaptado a las posibilidades económicas de esa familia tras un proceso de desahucio) que pagan cada mes religiosamente, lo que realmente tampoco es una garantía de futuro, ya que se rige también por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esto significa que su duración es de máximo tres años. “Los alquileres sociales fueron un parche muy pequeño que puso el gobierno del Partido Popular. Deberían estar blindados mientras dure esa situación económica de las familias. Hay casos de gente en los que el Fondo Buitre compra la vivienda con sus inquilinos dentro, pero no se lo toman como una obligación de mantener el alquiler social mientras duren las condiciones de esa familia, sino que encima quieren especular hasta con las familias de menos ingresos”, comenta Mercedes Revuelta, activista de Stop desahucios Usera y el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que ha participado en este estudio. 

Los alquileres sociales fueron un parche muy pequeño que puso el gobierno del Partido Popular. Deberían estar blindados mientras dure esa situación económica de las familias

Los afectados explican los motivos de las okupaciones de los pisos en los que habitan, que son propiedad de los bancos, no de otras familias. “Si tuviese un trabajo alquilaría un piso y pagaría por él. Pero con mis niñas no me voy a quedar a dormir en la calle”, dice Ferdousse, de Puente de Vallecas. Los precios de los alquileres de Madrid impiden a las personas que cobran la Renta Mínima de Inserción (RMI), poco más de 400 euros, alquilar prácticamente cualquier piso con unas condiciones medianamente dignas de habitabilidad. El sensacionalismo de los medios de comunicación con el tema de las okupaciones, exagerando sólo los casos extremos de grandes conflictos o desórdenes vecinales, unida a la propaganda de ciertos partidos políticos que braman contra la okupación metiendo en el mismo saco a personas que necesitan un techo o a narcopisos, hace que la sociedad vea con malos ojos esta práctica. Los propios afectados no ven una solución en okupar, sino una consecuencia de la falta de medidas institucionales para evitar que la gente se quede sin hogar. 

Pero, ¿es necesario ver a familias con niños durmiendo en la calle para que la población se dé cuenta de un problema que no ha cesado desde hace más de 7 años? Como dice el estudio de Provivienda y la UCM, “de lo que no se habla no existe, lo que no se nombra se oculta o se niega”. La salud se resiente no sólo por los desahucios, sino también por infraviviendas, hacinamiento o vulnerabilidad residencial. La peor parte se la llevan las personas que se ven abocadas a vivir en la calle durante periodos de tiempo o indefinidamente.

Un porcentaje de ingresos bajo no sólo hará que una familia coma mucho peor, sino que el hecho de que cada vez tenga que destinar más porcentaje de sus recursos al alquiler hará que la ingesta de frutas y verduras continúe en descenso, según el estudio. El estrés y otras preocupaciones relacionadas con la vivienda, harán que tengan menos tiempo de ocio que podrían destinar al deporte. A pesar del Sistema Nacional de Salud que hay en España, los ingresos son una barrera de discriminación socioeconómica para algunos tratamientos, principalmente los que no cubre la Seguridad Social. El 56,2 % de las familias con rentas más bajas no fueron a ninguna consulta de un médico especialista en los últimos 12 meses y más del 60 % no pudieron ir al dentista en el último año (más de un 8 % necesitaron tratamiento dental y no lo recibieron, por no poder asumirlo económicamente). “Si nos diésemos cuenta de todo lo que podríamos ahorrar en tratamientos médicos, en pruebas o en medicamentos, por ejemplo, sabríamos que es mucho más barato hacer una vivienda social para una familia que mantener todos esos tratamientos, algunos crónicos, por las consecuencias del estrés que sufren estas personas, de la intranquilidad con la que viven. No es lógico que por la especulación inmobiliaria tengamos que tener a parte de la población continuamente en el hospital. Nos hemos encontrado casos de bultos en el cuello, cánceres, depresiones continuas o niñas que se desarrollan prematuramente o se mean en la cama por las noches debido a sus problemas de vivienda. No es justo.”, relata Mercedes Revuelta. 

El 56,2 % de las familias con rentas más bajas no fueron a ninguna consulta de un médico especialista en los últimos 12 meses y más del 60 % no pudieron ir al dentista en el último año

Otro de los problemas más invisibilizados es que no se toma en cuenta la salud mental o física de una familia cuando se les va a desahuciar. Uno de los casos más tristemente conocidos es el de Paco, un vecino de la calle Olmo 35 al que el fondo patrimonial MK Premium quiere desahuciar a pesar de su cáncer de próstata. La propietaria directa de ese edificio es Lian Lay Fournier, la mujer de un nieto del dictador Francisco Franco. 

Un gráfico del estudio muestra cómo la deficiencia en la construcción o daños en la estructura de los edificios pueden causar riesgos de caídas, esguinces o fracturas. La inestabilidad residencial, por su parte, provoca la pérdida de la vivienda, ante la que las personas sienten malestar, ansiedad, estrés o depresión, llegando incluso a plantearse el suicidio. Mercedes Revuelta pone un ejemplo sobre cómo se especula impunemente con la vivienda. “Tenemos un caso de un alquiler del SAREB por el que la inquilina pagaba 150 euros a consecuencia de su situación económica. Ahora se acaba su alquiler social y SAREB ha traspasado el piso a Témpore, su propia SOCIMI (sociedades que por ley están exentas de pagar muchos impuestos). Entre ambas empresas se han cedido el alquiler de Esther, a la que ahora piden 575 euros. Para que le subiesen el alquiler más de 400 euros, sus ingresos familiares tendrían que haber subido 1.200 euros en los últimos tiempos, cosa que no ha sido así”.  

La burbuja de los alquileres también puede repercutir en el futuro en quienes no tienen actualmente problemas de vivienda, pero viven de alquiler. Así lo explica Mercedes: “Ahora mismo no hay ninguna opción de alquiler válida en este país. Nadie considera que su vida pueda ser una vida tranquila viviendo de alquiler y es lo que hay que cambiar”.

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