FootballLeaks; cárcel por destapar la corrupción

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En diciembre de 2016, varios medios europeos pertenecientes a la red European Investigative Collaborations (EIC) comenzaron a publicar información comprometedora sobre la evasión fiscal de algunas de las estrellas más importantes del mundo del fútbol.

La documentación había sido filtrada a la prensa por FootballLeaks, una especie de versión deportiva de WikiLeaks que había logrado acceder a los contratos de los jugadores y a sus artimañas para burlar las obligaciones con hacienda. Cristiano Ronaldo, James Rodríguez, Luka Modric, Radamel Falcao, Ángel Di María, Gareth Bale o el entrenador José Mourinho fueron algunos de los personajes salpicados por una investigación que provocó una catarata de reacciones en el entorno de la política y el deporte.

Por primera vez se abría una espita en la hasta entonces hermética industria del fútbol, un negocio multimillonario donde equipos y jugadores han contado con el respaldo de las autoridades para maniobrar más allá de los márgenes de la legalidad.

Aunque el trabajo de FootballLeaks ha servido para recuperar cientos de millones de euros para las arcas públicas, sus creadores están siendo víctimas de una persecución judicial cuyo único objetivo es soldar la fisura que está diluyendo la opacidad del fútbol.

Los creadores de FootballLeaks están siendo víctimas de una persecución judicial cuyo único objetivo es soldar la fisura que está diluyendo la opacidad del fútbol

El primero en lanzarse a la forja fue el estado español, con una sentencia del juez Arturo Zamarriego que prohibía a la EIC seguir publicando información "hasta que no se haya resuelto la investigación legal de su obtención". FootballLeaks, sin embargo, asumió las posibles responsabilidades penales, y con la ayuda de medios como el Der Spiegel continuó desvelando más de 70 millones de documentos con un total de 3,4 terabytes de datos.

El semanario alemán desgranó las formas de actuación poco ortodoxas de uno de los actores más importante y más desconocidos del fútbol moderno: los fondos de inversión. El grupo Doyen, propiedad de una familia de oligarcas kazajos, tenía más de 100 millones de euros en derechos federativos de jugadores con los que mercadeaba al mejor postor. Conseguían plusvalías en apenas unos meses, utilizaban redes de sociedades offshore para evitar el pago de impuestos y aprovechaban la escasa liquidez de algunos clubes para realizar operaciones de dudosa legalidad.

El fondo de inversión Doyen conseguía plusvalías en apenas unos meses, utilizaban redes de sociedades offshore para evitar el pago de impuestos y aprovechaban la escasa liquidez de algunos clubes para realizar operaciones de dudosa legalidad

En abril de 2012, Doyen aprobó un préstamo de 1,4 millones de euros para que el Sevilla FC, por entonces presidido por José María del Nido, fichase al delantero senegalés Babá Diawara, cuya propiedad, en un 20%, era titularidad de la propia Doyen. Según FootballLeaks, entre los intereses del crédito y su porcentaje de derechos federativos, el grupo kazajo habría obtenido unos beneficios superiores al 30%.

Tres años después, en 2015, la FIFA aprobó una normativa que prohibía la participación de los fondos de inversión en la propiedad de los jugadores. Una decisión que, sin embargo, no ha logrado frenar la creciente influencia de estas sociedades de capital riesgo y su posición dominante en el entramado de algunos de los equipos más importantes del mundo. Los expertos aseguran que la tibieza de la FIFA con respecto a las injerencias de terceros se debe a las buenas relaciones que existen entre ambos.

Fue también Der Spiegel, valiéndose de una nueva filtración de FootballLekas, quien reveló el enésimo caso de corrupción que salpicó a los dirigentes del máximo órgano gestor del fútbol. Según el portal, Michel Platini, ex presidente de la UEFA y Gianni Infantino, que en el año 2012 ostentaba el cargo de secretario general y actualmente es presidente de la FIFA, consistieron que el PSG y Manchester City eludieran el control financiero del llamado fair play económico.

El equipo parisino ingresó de forma irregular 1.800 millones de euros procedentes del estado de Catar, mientras que el conjunto británico acumuló pérdidas por valor de 233 millones de euros, 188 millones más de los permitidos. Platini e Infantino se habrían reunido con los representantes de ambos clubes para evitar que el caso llegara a la Cámara de Adjudicación, el organismo competente de la FIFA para juzgar este tipo de irregularidades.

Platini e Infantino se habrían reunido con los representantes del PSG y Manchester City para ayudarles a burlar el control financiero

Sonadas fueran también las revelaciones de FootballLeaks sobre el Benfica, uno de los históricos del fútbol europeo, con 117 años de historia y 2 Copas de Europa en sus vitrinas. El asesor jurídico del conjunto portugués contaba con el beneplácito de su presidente para utilizar información privilegiada obtenida a través de dos funcionarios del Ministerio de Justicia con el objetivo de maniobrar según los intereses del equipo luso.

Los hechos ocurrieron en las temporadas 2016-2017 y 2017-2018 y "las informaciones fueron obtenidas de forma ilícita a cambio de beneficios para los funcionarios y ventajas ilícitas para el Benfica", según la Fiscalía. El caso está en manos de la justicia que tendrá que dirimir la responsabilidad del asesor en un total de 79 presuntos delitos, mientras que el Benfica afronta una sanción que podría dejarle entre 6 meses y 3 años sin disputar competiciones profesionales.

Paradójicamente, las consecuencias han sido mucho peores para el denunciante de corrupción que para los corruptos. A raíz de las informaciones sobre el Benfica, la justicia portuguesa también abrió diligencias contra el responsable de FootballLeaks, después de que el diario español Marca revelase su identidad.

Rui Pinto, un portugués que ahora tiene 30 años, era el cerebro del mayor escándalo que ha sacudido los cimientos del futbol moderno. Definido por la prensa como "un genio de los ordenadores", Pinto, con antecedentes delictivo relacionados con su actividad como hacker, habría logrado infiltrarse en los sistemas informáticos de equipos, organizaciones y representantes de jugadores desde la comodidad de su casa de Budapest.

La sombra de la justicia portuguesa no consiguió amilanarle y decidió que, como en el fútbol, la mejor defensa sería un buen ataque. En octubre de 2018, arrojó más madera al fuego con la publicación del acuerdo de confidencialidad firmado entre Cristiano Ronaldo y Kathryn Mayorga, por el que la mujer recibió 325.000 euros a cambio de no denunciarle por un presunto delito de violación ocurrido en 2009 en Las Vegas.

FootballLeaks publicó el acuerdo de confidencialidad firmado entre Cristiano Ronaldo y Kathryn Mayorga, por el que la mujer recibió 325.000 euros a cambio de no denunciarle por un presunto delito de violación

Apenas un mes después, Football Leaks volvía a la carga contra otro emblema del Real Madrid. El capitán del equipo, Sergio Ramos, habría dado positivo en un control antidopaje realizado durante la final de la Champions League de 2017, en la que el conjunto blanco se alzó campeón tras vencer a la Juventus de Turín. 

El portal, que hasta la fecha se había limitado a revelar información de carácter económico, parecía centrarse ahora en aspectos de índole más personal, pero el camino de esta nueva etapa iba ser una travesía de corto recorrido.

En enero de este año, Rui Pinto era detenido en su casa de Budapest acusado de "tentativa de extorsión agravada". Posteriormente fue traslado a Portugal e ingresado en el calabozo de una comisaría de Lisboa a la espera de enfrentar los 147 cargos de los que ha sido acusado por la fiscalía.

El hacker ha roto su silencio en un comunicado publicado a través de su cuenta de Instagram, después de que sus abogados denunciasen que le ha sido prohibido cualquier contacto con periodistas. En la misiva, Pinto se describe como "una especie de preso político" y acusa a las autoridades de su país de no estar interesados en investigar los delitos financieros.

Cita como ejemplo las numerosas comunicaciones que envío durante 2017 y 2018 al Departamento Central de Investigación y Acción Criminal, encargado de investigar los delitos económicos, y para las que nunca obtuvo respuesta. Recuerda también que ha ofrecido su colaboración a las autoridades portuguesas, pero Patricia Barao, la fiscal encargada del caso, no ha mostrado interés en los datos que aún pueda tener en su poder.

Para Pinto, la fiscalía es "un peligro para el equilibrio de la democracia y el estado de derecho en Portugal", pero celebra que tendrá la oportunidad de comparecer ante un tribunal para explicar "la corrupción contra la que estoy luchando".

Rui Pinto, creador de FootballLeaks permanece encarcelado en Portugal a la espera de un juicio donde tendrá que enfrentar cargos por tentativa de chantaje, acceso ilegal a datos confidenciales y violación del secreto de la correspondencia, entre otros

El comunicado de Rui Pinto se produce tras conocerse la decisión de la fiscalía de prorrogar otros tres meses su condición de prisión preventiva. En su acusación, el organismo fiscal le imputa delitos de tentativa de chantaje, acceso ilegal a datos confidenciales y violación del secreto de la correspondencia, entre otros.

Por su parte, los abogados de Pinto denuncian "las numerosas mentiras" del escrito de la fiscalía y mantienen que su cliente está encarcelado por haberse atrevido a remover las alfombras que esconden los secretos más ocultos del fútbol profesional. William Bourdon y Francisco Teixeira da Mota, que tienen hasta el 12 de octubre para presentar alegaciones, han enviado una carta a David Kaye, relator especial de las Naciones Unidas sobre la Protección de la Libertad de Expresión, para solicitar su apoyo.

El caso de Rui Pinto vuelve a reabrir el debate sobre la necesidad de que las autoridades gubernamentales aprueben medias para la protección de los denunciantes de corrupción.

Los críticos esgrimen que Pinto ha utilizado herramientas espurias, y si bien es cierto que los medios, desde un punto de vista jurídico, pueden ser cuestionables, nadie se atreverá a denunciar una práctica ilícita si alzar la voz sale más caro que permanecer en silencio. 

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