La muerte de los indígenas wayuu

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A vista de pájaro, La Guajira parece un lugar inhóspito. A pesar de que las aguas caribeñas riegan con generosidad sus costas, aquí, en el distrito más septentrional de Colombia, el hambre y la miseria son la nota cotidiana que está amenazando severamente la supervivencia de sus habitantes.

La Guajira es el lugar de residencia de los oriundos indígenas wayuu y es también el distrito que separa la Colombia trumpista de Iván Duque de la revolucionaria Venezuela chavista. Al otro lado de la frontera, el estruendo generado por los altavoces del imperio es de tal magnitud que prácticamente nada se sabe de la situación límite que están padeciendo los indígenas.

Las extremas temperaturas y el paraje desértico son el marco medioambiental de un territorio donde la riqueza natural de su suelo, ya de por sí castigada por la sequía, está sirviendo para rellenar generosamente los bolsillos de otros, mientras que los wayuu asisten impotentes a la merma severa a la que está sometida una comunidad de casi 300.000 individuos.

Desde hace una década, las enfermedades asociadas a la desnutrición han causado la muerte de más de 4.000 personas, en su mayoría niños, una cifra que lejos de descender se verá incrementada en los próximos años si no se toman medidas urgentes para remediarlo.

En 2018, 39 menores han perdido la vida, según los datos de la representante wayuu Matilde López, quien no duda en señalar a la mina de Cerrejón, el mayor yacimiento de carbón a cielo abierto del mundo, como uno de los causantes de la alta mortalidad. "Al no haber agua, no hay alimento, aun cuando ellos tengan la intención de cultivar", asegura López en una entrevista al periódico El independiente, a la que acudió en compañía de dos escoltas después de sufrir varios intentos de atentado por parte grupos paramilitares que pretenden silenciar su voz.

La Guajira arrastra la tasa de mortalidad infantil más alta de Colombia y una de las más elevadas de América Latina, pero las cifras podrían ser mucho peores debido a que la mayor parte de los fallecimientos no constan en el registro oficial, en parte porque los decesos no se producen en hospitales, y en otra parte más significativa porque al gobierno colombiano no le interesa ventilar las miserias que denuncia con ahínco cuando se trata de su vecino venezolano.

La Guajira arrastra la tasa de mortalidad infantil más alta de Colombia y una de las más elevadas de América Latina

De las 4.700 víctimas oficiales que reconoce la administración, a las 14.000 que contabiliza la Fundación Caminos de Identidad (FUCAI) media una distancia gigantesca que separa el relato oficialista de la realidad cotidiana que viven los cooperantes que trabajan sobre el terreno. FUCAI, socio local de la española Manos Unidas, se ha convertido en el sustento prioritario de las 33 comunidades que pueblan este rincón del territorio colombiano. Sus voluntarios reparten un sustrato alimenticio entre los casos más extremos de desnutrición y han construido una serie de aulas para que los más pequeños puedan tener una primera toma de contacto con la formación educativa. 

La Corte Constitucional

Aunque han sido constantes los intentos de las autoridades colombianas por mantener la tragedia de La Guajira en los márgenes de la agenda oficial, los indígenas han encontrado en la Corte Constitucional al más poderoso e inesperado de los aliados.

En una sentencia sin precedentes, la más alta instancia judicial del país ha declarado "el estado de cosas inconstitucional" en el departamento, donde "durante varios años se ha tapado una verdad conocida por los órganos de control y las instituciones nacionales e internacionales".

En La Guajira, prosigue el tribunal, "los niños y las niñas wayuu mueren de hambre todos los meses". La sentencia señala directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al gobierno nacional por su ineficacia a la hora de llevar a la práctica las soluciones teóricas que se pierden en la superficialidad del papel mojado, y que ha derivado en "nuevas vulneraciones" del derecho a la vida de los infantes.

La Corte Constitucional señala a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al gobierno nacional por su ineficacia, que ha derivado en "nuevas vulneraciones" del derecho a la vida de los infantes

A pesar de las llamadas de atención de la sociedad civil, de las movilizaciones ciudadanas y de las partidas económicas asignadas (y diluidas en el sumidero de la corrupción), las muertes por desnutrición y la falta de agua se han seguido sucediendo a lo largo de los años: "Las acciones implementadas por las diferentes entidades estatales tienen importantes deficiencias que afectan al objetivo principal de garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales de las niñas y niños wayuu", indica la sentencia.

Con el objetivo "prioritario" de transformar el paradigma que asola a los habitantes de La Guajira, la Corte Constitucional insta a los organismos responsables a tomar las "medidas necesarias" y establece para ello una comisión de seguimiento.

Si bien es indudable que contar con un aliado tan poderoso servirá a los wayuu para colarse en la agenda política y mediática, la desconfianza de los líderes indígenas no remite. "El estado colombiano siempre nos ha ignorado porque detrás de esta situación están poderosas organizaciones y empresas que se opusieron cuando solicitamos medidas cautelares. Ahora solo quieren darse palmadas en el pecho porque tienen objetivos oscuros, ahora si se acuerdan de que los niños se mueren y de que hay sed en las comunidades", acusa Javier Rojas, líder indígena de la asociación Shipia Wayuu en declaraciones al periódico colombiano El Heraldo.

Cabe preguntarse por qué mientras la situación en Venezuela acapara casi la totalidad de la agenda política y mediática internacional, a tan solo unos pocos kilómetros del centro del huracán, la muerte de miles de niños no merece ni unas pocas líneas en los grandes medios de comunicación.

Parece ser que la importancia de la salvaguarda de los derechos humanos vería según sea el nivel de complacencia con los intereses de Washington, y en Colombia, con una fuerte presencia militar estadounidense instada en el país, la servidumbre tiene grado de vasallo. 

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