Julian Assange, una tortura silenciada

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Julian Assange está muy cerca de conocer su futuro y todo hace predecir que no será de miel sobre hojuelas.

El pasado 7 de septiembre, tras el parón por la pandemia de COVID-19, se reanudó el juicio contra el fundador de Wikileaks en el que un tribunal de Londres tendrá que decidir sobre su extradición a los Estados Unidos. En el país norteamiecano sobrevuela la amenaza de una condena de hasta 175 años de prisión por 18 cargos de espionaje y delitos informáticos relacionados con la filtración de más de 700.000 documentos clasificados de la inteligencia y la diplomacia estadounidense.

Assange espera la decisión entre los barrotes de una cárcel de máxima seguridad de la capital británica, donde cumple una condena de 50 semanas por haber roto los términos de su libertad condicional tras una acusación de abuso sexual por parte de la justicia sueca. Fue entonces cuando el activista australiano aprovechó para solicitar asilo en la embajada de Ecuador, lugar en el que ha permanecido durante más de 7 años.

A pesar de que en 2017 Suecia archivó la causa después de que la fiscalía retirase los cargos, en abril de 2019 la policía de Londres obtuvo el permiso para entrar en la embajada y proceder a su detención. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno autorizó que agentes de una policía extranjera accedieran a un edificio diplomático a cambio de un préstamo de 4.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional.

A partir de ese instante los focos se apartaron de Julian Assange. El hombre que antaño había suministrado ingente cantidad de documentos a los principales medios de comunicación del planeta con los que habían conseguido grandes exclusivas, y por ende, grandes beneficios, pasó a ocupar un teletipo de agencia a pie de página. Londres y Washington tenían vía libre para llevar a cabo la simulación de un proceso judicial donde se han vulnerado todos los derechos intrínsecos a cualquier acusado.

El exdiplomático británico Craig Murray, quien tuvo la oportunidad de asistir a la sesión del juicio celebrada en el mes de octubre, denunció en un escrito un sinfín de irregularidades: las constantes negativas de la magistrada a las reclamaciones de la defensa así como a permitirles acceder al material encontrado en el ordenador de Assange, las limitaciones que habían tenido para visitar a su cliente o el tutelaje que tres funcionarios estadounidenses presentes en la sala hacían sobre las actuaciones del fiscal. Murray quedó "conmocionado" por el deterioro "físico y mental" de Assange: "Julian exhibía los síntomas de una persona que había sido torturada".

En este mismo sentido se ha manifestado Nils Melzer, relator especial de la ONU sobre la tortura. En un artículo asegura que el fundador de Wikileaks ha sufrido una campaña de desprestigio, en referencia a la acusación de abuso sexual de la justicia sueca, con la intención de deshumanizarle para "poder arrabetarle sus derechos" sin provocar la indignación de la opinión pública. El texto de Melzer fue ofrecido a The Guardian, The Times, Financial Times, Sydney Morning Herald, The Australian, Canberra Times, Telegraph, New York Times, Washington Post, Reuters y Newsweek, pero todos rechazaron su publicación.

Stela Morris, pareja de Assange, declaró que en la cárcel de Belmarsh "le despiertan a las 5 de la mañana, le meten en celdas de detención, le desnudan y someten a rayos". Pasa 23 horas diarias en aislamiento y durante 45 minutos en los que se le permite salir al patio lo hace esposado y sin tener contacto con ningún otro recluso.

Testimonios como este son el sustento en el que se apoyan organizaciones en defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional para exigir que sea liberado, por temor a que las extremas condiciones de confinamiento a las que está siendo sometido puedan causarle la muerte. Mas de 200 médicos de todo el mundo firmaron un comunicado conjunto en la revista The Lancet para reclamar el fin de la "tortura psicológica" que sufre el fundador de Wikileaks y 161 jefes de estado, diplomáticos y parlamentarios han suscrito un manifiesto donde piden su puesta en libertad por "estar recluido sin ninguna base legal que lo fundamente".

En pleno siglo XXI, en una de las capitales más importantes de Europa, un hombre está siendo torturado por ejercer la obligación periodística de control y fiscalización del poder, mientras los grandes medios de comunicación mantienen un silencio cómplice que les convierte en pieza fundamental del engranaje represivo. Y no es una cuestión personalista de un individuo en particular, porque, como asegura Nils Melzer, "se trata de prevenir un precedente que probablemente sellará el destino de la democracia occidental. Porque una vez que decir la verdad se ha convertido en un crimen, mientras los poderosos gozan de impunidad, será demasiado tarde para corregir el rumbo. Habremos rendido nuestra voz a la censura y nuestro destino a la tiranía desenfrenada".

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