Manual de la Iglesia Católica para encubrir la pederastia

Ocurrió sistemáticamente desde 1947. Unos 300 sacerdotes de seis diócesis de la Iglesia Católica en Pensilvania (EE.UU.) abusaron sexualmente de más de 1.000 niños. Así lo confirma un extenso informe del Tribunal Supremo del estado que durante más de dos años ha llevado a cabo una investigación de la que ahora se conocen los detalles más escabrosos.

Entre los incidentes descritos existe la confesión de un sacerdote que violó a 15 niños o el caso de una infante de siete años que fue abusada en el hospital cuando su agresor fue a visitarla tras ser operada de amigdalitis. Un cura limpió con agua bendita la boca de un niño después de obligarle a practicarle sexo oral y otro hizo que su víctima posara desnudo como Jesucristo crucificado mientras le fotografiaba con una Polaroid. Después, les entregaban a sus víctimas un colgante con una cruz dorada; así sabían que esos niños ya habían sido violados.

El informe denuncia la existencia de una "red pornográfica" donde los sacerdotes se intercambiaban decenas de fotos y videos de los abusos, que incluían, en ocasiones, prácticas fetichistas con "fustas, violencia y sadismo", todo ello, con el consentimiento de los líderes de la iglesia católica de Pensilvania. Pero, ¿cómo lograron ocultarlo?

El Tribunal considera probado la existencia de unos patrones de conducta elaborados por la jerarquía eclesiástica para evitar que las agresiones salieran a la luz pública, una especie de manual para proteger a los agresores y silenciar a sus víctimas. Nunca se hablaba de violación o abuso, sino que se utilizaban eufemismos como "contacto inapropiado"; no se realizaban investigaciones con personal especializado e independiente, sino con sacerdotes que sacaban conclusiones parciales favorables al agresor; para dar una apariencia de integridad enviaban a los curas a centros psiquiátricos administrados por la propia iglesia donde se elaboraban informes basados únicamente en los testimonios de los religiosos;  si finalmente decidían apartar al sacerdote alegaban como excusa una falsa enfermedad o un problema nervioso; aun sabiendo a ciencia cierta que se estaban cometiendo abusos, las diócesis seguían sufragando los  gastos de los agresores, incluso cuando utilizaban esos recursos para continuar con sus prácticas pederastas; cuando un caso trascendía los límites de la privacidad se trasladaba al religioso a otra parroquia donde los fieles desconocían su pasado, y por último; nunca se daba parte a la policía.

A pesar de la crudeza de los hechos,  Josh Shapiro, Fiscal General del Estado, reconoce que la mayoría de los asaltantes nunca serán juzgados. Más de cien ya han fallecido mientras que los que siguen vivos se verán beneficiados por la legislación actual. En Pensilvania, las víctimas menores de edad sólo tienen hasta los 30 años para interponer demandas civiles y hasta los 50 para presentar cargos criminales. Así las cosas, un gran número de agresiones ya han prescrito. Si bien parece que la tarea del Tribunal Supremo apenas acarreará consecuencias penales, el mismo ha servido para volver a situar los abusos sexuales en la iglesia en el centro del debate público.

Todas las miradas apuntan ahora al cardenal Donald Wuerl, arzobispo de Pittsburgh (Pensilvania) durante 18 años y que en la actualidad ejerce la misma función en Washington, donde llegó tras la renuncia de su predecesor, precisamente, tras ser acusado de abuso sexual. Aunque Wuerl ha negado cualquier implicación en los hechos y descarta dimitir, resulta difícil creer que el máximo responsable de la iglesia en Pensilvania durante casi dos décadas no supiera nada de lo que sucedía entre las bambalinas de su negociado.

La otra pata de este banco es el Vaticano, cuyo nombre sale mencionado hasta en 43 ocasiones en el informe elaborado por el Tribunal Supremo. Los investigadores sostienen que la Santa Sede tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo al menos desde 1963 y que se mostró "tolerante" con algunos casos.

El primer episodio del que tuvieron constancia fue el relativo al cura Raymond Lukac, de la diócesis de Greensburg. A principios de los años 60, Lukac había sido acusado en tres ocasiones por tocamientos inapropiados a menores de edad y la violación de una niña de 11 años. Además, mantuvo una relación con un organista de 18 años, contrajo matrimonio estando en el ejercicio del sacerdocio y tuvo un hijo con una adolescente a la que conoció cuando ella tenía 17 años. Cuando se percató de lo que estaba aconteciendo, el obispo de Greensburg, inmediato superior de Lukac,  se lo comunicó al Vaticano, que decidió apartarle en un centro religioso a las afueras de Chicago. Sin embargo, poco tiempo después, la Santa Sede autorizó que volviera a retomar todas sus funciones como párroco.  

Tras conocerse las duras revelaciones del informe, la conferencia episcopal estadounidense ha reaccionado a través de un comunicado en el que califica lo sucedido de "catástrofe moral" y apunta al "fracaso del liderazgo episcopal" como una de las raíces del problema. Danel DiNardo, máximo responsable de la institución que aglutina a los obispos de los Estados Unidos, solicita una mayor transparencia a la hora de responder a las constantes acusaciones de abusos sexuales en el seno de la iglesia y apunta al Papa como el único capaz de poner en  marcha los mecanismos necesarios para atajar de una vez por todas una problemática que está corroyendo los cimientos de la Iglesia Católica en todo el mundo.

El Pontífice se ha manifestado en las últimas horas con una carta abierta donde asume que "no supimos estar donde teníamos que estar, que no actuamos a tiempo reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando en tantas vidas". Francisco califica los hechos ocurridos en Pensilvania como "un crimen que genera hondas heridas de dolor e importancia" y concluye aseverando que "nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado".

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