La privatización de la sanidad que mató a 18 mujeres en Irlanda

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En el año 2014, Vicky Phelan acudió a su ginecólogo aquejada de un fuerte dolor abdominal y sangrados esporádicos entre los periodos de menstruación. El examen médico dictaminó que sufría un cáncer del cuello uterino provocado por un tumor que había derivado en metástasis en los ganglios linfáticos. Phelan, una mujer de 44 años con un estilo de vida saludable, se vio obligada a enfrentar un tratamiento agresivo que incluyó una histerectomía, además de la rutinaria radiación y quimioterapia. Al cabo de unos meses comenzó a ver un haz de luz al final del túnel; el cáncer estaba remitiendo.

Tres años después volvió a sentirse indispuesta. En esta ocasión las punzadas se hacían dolientes en la zona lumbar, y como se temía, el cáncer había vuelto, pero ahora de una forma más agresiva, hasta el extremo de que le dieron una esperanza de vida de apenas unos meses.

Durante el segundo encuentro con la planta de oncología, la mujer recibió una noticia inesperada: una prueba médica a la que fue sometida en 2011 había errado al dictaminar que estaba “libre de anomalías”. Esto significa que tres años antes de ser diagnosticada de cáncer uterino, Phelan ya había desarrollado la enfermedad. El tiempo que perdieron en comenzar con el tratamiento podía haberle evitado la extirpación del útero, y lo que es peor, el Servicio de Sanidad de Irlanda (HSE en sus siglas en inglés) era conocedor de la negligencia desde tiempo atrás, pero habían decidido ocultarlo para evitar las consecuencias legales.

Vicky Phelan recibió una noticia inesperada: una prueba médica a la que fue sometida en 2011 había errado al dictaminar que no padecía cáncer de cuello uterino

Phelan denunció al HSE y a la Clinical Pathology Laboratories Inc, la compañía estadounidense a la que el gobierno irlandés había externalizado el servicio de análisis clínico. Los llamados “reajustes presupuestarios” del neolenguaje liberal eran los causantes de que sus probabilidades de supervivencia más allá de los 5 años disminuyeran en un 90%. Antes de que el Tribunal Superior de Dublín dictara sentencia, las partes llegaron a un acuerdo con una indemnización de 2,5 millones de euros. Phelan se negó a firmar la cláusula de confidencialidad y todo estalló como uno de los mayores escándalos de la historia reciente de la sanidad irlandesa.

La prensa descubrió que el HSE llevó a cabo una auditoria en 2014 en la que concluyó que un total de 221 mujeres habían sido diagnosticadas erróneamente de cáncer de cuello uterino. Como en el caso de Phelan, ellas también padecían la enfermedad, pero los resultados resolvieron que estaban sanas. Ni siquiera entonces, cuando las autoridades sanitarias fueron conocedoras de la mala praxis, rompieron el contrato con el laboratorio, que siguió al cargo de las pruebas durante 4 años más.

Si el cáncer de cuello uterino se diagnostica en una fase inicial, las probabilidades de supervivencia superan el 90%, pero si el tratamiento se retrasa, por ejemplo; por un fallo en los análisis, el porcentaje se desploma considerablemente. Hasta la fecha en la que se escriben estas líneas, 18 de aquellas 221 mujeres han fallecido a causa de la enfermedad.

Una auditoria concluyó que un total de 221 mujeres habían sido diagnosticadas erróneamente de cáncer de cuello uterino, pero el Gobierno de Irlanda decidió ocultarlo para evitar el escándalo

El caso de la sanidad irlandesa es un claro ejemplo de lo que sucede cuando los gobernantes derivan asuntos tan importantes, como el bienestar de sus ciudadanos, a la mercadería del sector privado, donde la regla imperante es la de un mayor beneficio al menor coste posible.

En 2018, el ejecutivo irlandés lanzó el programa “Cervical Check”, mediante el cual ofrecía citologías cervicovaginales gratuitas a mujeres de entre 25 y 70 años. El problema es que más de un millón de mujeres entraban en ese rango de edad y la intensa demanda provocó que los resultados fueran dilatándose en el tiempo. En lugar de aprovechar la tesitura para reforzar y ampliar los engranajes de la sanidad pública, las autoridades decidieron subcontratar el servicio a la empresa estadounidense Quest Diagnostics.

El afán por mejorar los tiempos de espera y reducir los costes económicos relegaron a un segundo plano otras consideraciones que condujeron al desastre. Tal y como recoge la periodista Erica X Eisen en un artículo en The Baffler, Estados Unidos e Irlanda tienen metodologías de trabajo muy distintas. Mientras que en el país norteamericano se recomienda una citología al año, en Irlanda el periódico aconsejable oscila entre los 3 y los 5 años, dependiendo de le edad de la mujer. La mayor periodicidad en el caso de los EE.UU. hace que sus análisis sean más superficiales, circunstancia que originó los falsos diagnósticos de las pacientes irlandesas.

A pesar de que un año antes, diversos profesionales de la sanidad pública advirtieron sobre los desfases entre ambos países, las autoridades decidieron seguir adelante con el proceso de externalización.  

Las autoridades decidieron externalizar el servicio de análisis clínico a una empresa estadounidense, a pesar de sus antecedentes de fraude y mala praxis

Tampoco supuso impedimento alguno los antecedentes fraudulentos de Quest Diagnostics, que entre los años 2000 a 2006 comercializó, con pleno conocimiento, test defectuosos de la hormona paratiroidea. Además, durante ese mismo periodo estafó al gobierno de los Estados Unidos duplicando las facturas de miles de analíticas de sangre. Pero su oferta era demasiado tentadora; hasta tres veces más económica que la propuesta más barata de los laboratorios irlandeses, así que optaron por priorizar el coste por encima de la salud de las mujeres.

El escándalo continúa azotando a las autoridades del país, que se han visto obligadas a afrontar una cascada de dimisiones, pero el volumen de críticas circula en paralelo a las nuevas revelaciones que se van conociendo.

El pasado más de julio, el periódico The Irish Times hizo público un estudio realizado por Brian MacCraith, presidente de la Universidad de la Ciudad de Dublín. En el mismo se detectó que más de 800 mujeres no habían sido informadas sobre los resultados de sus pruebas de frotis, tras más de seis meses de espera. Además, en otros 3.215 casos la comunicación solo se hizo con el médico, pero no con la paciente, tal y como se había comprometido Quest Diagnostics en las condiciones de la contratación.

En su informe, el profesor MacCraith apoya la postura de los sanitarios irlandeses para que el Gobierno restituya cuanto antes la potestad de los análisis dentro del sistema público de salud. “Adoptar un enfoque de las mujeres primero y trabajar para establecer un laboratorio nacional para pruebas cervicales en Irlanda eliminará la actual dependencia de alto riesgo que padece Irlanda con las subcontratas”.

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