Resistencia indígena contra la bestia de hormigón

El río Xingu discurre a través de 1.815 kilómetros de la selva amazónica.  Desde el estado de Mato Grosso al de Pará, sus aguas son fuente de vida para miles de indígenas que durante siglos han sabido convivir en un equilibrio entre las necesidades de los pobladores y el respeto al medioambiente.

Todo comenzó a romperse a principios del siglo XX. Solo había transcurrido una década desde la fundación de la República de Brasil cuando el capitalismo comenzó a envenenar la tierra. Mineros, madereros, agricultores, y por supuesto, misioneros para encarrilar a aquella jauría de salvajes, diezmaron significativamente las poblaciones locales, porque, como suele ser habitual en los territorios inexplorados por el hombre blanco, la palabra de los evangelistas escupe enfermedades letales para las comunidades que carecen de la inmunidad necesaria para combatirlas.

El Gobierno creó los llamados "proyectos de pacificación", un eufemismo rimbombante para enmascarar el engaño mediante el cual los invasores conseguían ganarse la lealtad de los líderes tribales a cambio de espejos, pañuelos y cacerolas. A menudo, estos contactos eran el canal de transmisión de afecciones como el sarampión y la viruela, que allanaron el camino de los colonizadores, dejando tras de sí miles de cadáveres. En el año 1.900, la población de los indígenas Kayapó contaba con 11.000 individuos. 70 años después, apenas superaban el millar.  

Cuando parecía que habían perdido toda esperanza y empezaban a batirse en retirada, una nueva amenaza sirvió para acabar con su letargo. El proyecto de Kararaô preveía construir seis presas en la cuenca fluvial del río Xingu, que de haberse realizado habría sepultado las tierras de los Kayapó. Los indígenas comprendieron entonces que tenían que organizarse para resistir, y con el apoyo de los líderes de otras comunidades formaron la llamada "Reunión de Altamira".

Aquellos hombres y mujeres, cuyas vidas hasta entonces nunca habían traspasado los límites de la selva, comenzaron a participar en la actividad política, presionando a los legisladores y manifestándose diariamente contra el expolio y la deforestación de sus tierras. Crearon unidades de autodefensa para expulsar a los saqueadores del oro, patrullaban sus fronteras y cuando encontraban a algún intruso lo devolvían desnudo a la ciudad. Los esfuerzos no fueron en vano; el proyecto de Kararaô fue paralizado, y en 1988 la constitución brasileña incorporó los derechos de los indígenas y reconoció legalmente el territorio habitado por los Kayapó.

Hoy en día la población se recupera a buen ritmo, y a pesar de que en teoría su soberanía debería estar garantizada, en la práctica, la avaricia insaciable de los mercados ha convertido una norma constitucional en papel mojado. Una de las lecciones más valiosos que las tribus del Amazonas han tenido que aprender es que si cesan en la lucha pierden la guerra. El capitalismo no entiende de límites legales. Decía Richard Nixon que el sistema es un "animal salvaje" y los indígenas saben que la bestia continúa acechando entre las sombras.

En 2011, aquel animal salvaje del que hablaba Dick 'el tramposo' se transmutó, de nuevo, en el  hormigón de una presa. El proyecto hidroeléctrico de Belo Monte es una amalgama de canales, embalses y represas que el Gobierno recuperó tras 40 años en el olvido. Para el ejecutivo, los 11.000 megavatios que genera es esencial para el desarrollo de la zona. Para las organizaciones ecologistas, anegaría una extensa área de terreno, desecaría una buena parte del río Xingu y dejaría sin suministro de agua a miles de personas de las comunidades de kayapó, arara, juruna, araweté, xikrin, asurini y parakama.

Ninguna de ellas está dispuesta a claudicar y con tal fin han sabido adaptarse a las nuevas herramientas del siglo XXI. Hoy en día internet es tan valioso como una brigada de autodefensa, y aquellos que no hace mucho vivían aislados del mundanal ruido de las pieles pardas, tienen ahora página de Facebook y hacen proselitismo de su lucha a través de las redes sociales. Conceden entrevistas a los medios de comunicación e incluso se han ganado el apoyo público de figuras tan mediáticas como el cantante Sting.

Es el anverso de la moneda, pero en el reverso se han dado de bruces con otro de los venenos que el hombre blanco ha introducido en sus poblados. Eltrobas, la compañía responsable de la construcción de la represa, había tentado con éxito la avaricia de algunos líderes de las familias de la zona oriental. El dinero, o como los Kayapó le llaman; "pe-o caprin" (hojas tristes) sirvió para apaciguar la relación con los nativos, a cambio de 9.500 dólares mensuales que la empresa se encargó de desviar a los bolsillo de los jefes tribales.

La respuesta de los Kayopó, firmes en sus convicciones, fue una declaración firmada por sus 26 líderes en la que se negaban a aceptar cualquier tipo de compensación por parte de la empresa: "Nosotros, los kayapó, hemos decidido que no queremos ni un céntimo de vuestro sucio dinero. No aceptamos Belo Monte ni ninguna otra presa en el Xingu. Nuestro río no tiene precio, nuestro pescado no tiene precio y la felicidad de nuestros nietos no tiene precio. Jamás dejaremos de luchar".

Superado el escollo de las "hojas tristes", los pobladores tuvieron que enfrentarse a otro, igualmente difícil de rebasar. La complejidad de la burocracia, la violencia estructural y los prejuicios del sistema estuvieron presentes durante un dilatado proceso legal, que sin embargo, otorgó a los indígenas una victoria entre pírrica y parcial. En febrero de este año, un tribunal federal de Brasilia ordenó la paralización de la obra, impidiendo al consorcio continuar con la ejecución de la misma en la zona norte. Se trató de una victoria entre pírrica y parcial porque una de las represas ya está construida y en funcionamiento.

En consecuencia, miles de indígenas han sido desplazados, obligados a abandonar su modo de vida para adaptarse a las viviendas de hormigón y las calles sembradas de cemento en las que han sido realojados. Las comunidades que todavía resisten en la selva se encuentran cada día más acorraladas, entre la espada de un capitalismo salvaje y la pared de unas instituciones públicas que se han doblegado a los intereses mercantilistas.

Aseguran estar dispuestos a resistir hasta las últimas consecuencias, y de sobra es conocido que en América Latina, las grandes corporaciones no rehúyen el pulso. 

  • La persecución contra los activistas medioambientales

En un reciente informa hecho público el pasado lunes, Naciones Unidas ha alertado sobre una práctica cada vez más común entre Gobiernos y empresas, que recurren a la persecución legal para desdibujar la imagen de los activistas indígenas y líderes medioambientales, a los que presentan ante la opinión pública como delincuentes y terroristas.

El informe advierte de un aumento en la escalada de violencia contra los pueblos indígenas, por su firme oposición a las grandes infraestructuras que contaminan sus territorios y les condenan al destierro. En palabras de Victoria Tauli-Corpaz, relatora de la ONU y autora del estudio, se trata de "una nueva guerra" cada más virulenta "porque muchos de los recursos naturales más valiosos se encuentran en territorios indígenas".

Guatemala, Brasil, Ecuador, Perú o México. En 2017, más de 200 activistas de estos y otros lugares del planeta fueron asesinados por su comprimo en defensa del medioambiente. El asesinato es el último peldaño de una pirámide de violencia estructural que también incluye la persecución política, las detenciones arbitrarias, los encarcelamientos y la militarización de las zonas en disputa. 

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