Temporeros de la fresa; sin agua ni electricidad frente al coronavirus

El pasado mes de febrero, Philip Alston, relator especial de la ONU para la pobreza severa, estuvo visitando algunos de los territorios más desfavorecidos del país. "Hay lugares con condiciones mucho peores que un campamento de refugiados, sin agua corriente, electricidad ni saneamiento".

Alston se refería, entre otros, a los campamentos chabolistas de la provincia de Huelva donde miles de migrantes, en su mayoría subsaharianos, sobreviven en condiciones infrahumanas durante la campaña de recogida de la fresa. Por si fuera poco, a la situación de extrema precariedad que sufren cada día, se ha sumado este año la llegada del coronavirus, una variable que multiplica exponencialmente los ya de por sí alarmantes factores de riesgo

Con la frontera de Marruecos cerrada y el gobierno de España impasible hasta la fecha, el Colectivo de Trabajadores Africanos (CTA) se moviliza para tratar de evitar las terribles consecuencias a las que tendrían que enfrentarse si llegara a producirse un brote de la enfermedad.

El CTA ha enviado una carta al Ministerio de Sanidad donde pide acceso a agua potable en los 49 asentamientos chabolistas ubicados en las localidades onubenses de Lepe, Lucena del Puerto, Moguer y Palos de la Frontera, como medida para evitar los contagios.

El colectivo denuncia las condiciones de extrema precariedad que padecen los temporeros, a pesar de que las redes de abastecimiento de agua y electricidad se encuentran a escasos metros de los campamentos. "La higiene de mínimos no está garantizada en estos asentamientos chabolistas de Huelva al carecer de cualquier tipo de suministro de agua sea estable u ocasional, teniendo sus residentes que desplazarse varios kilómetros para poder acceder a ella para cubrir sus necesidades básicas", aseguran en la misiva a la que ha tenido acceso la agencia EFE. "Estas condiciones hacen que desde el punto de vista higiénico sanitario, haya grandes riesgos para la salud en condiciones normales. Y en una crisis sanitaria como la actual los riesgos se multiplican".

El colectivo se ampara en lo establecido por el Real Decreto que sostiene jurídicamente el estado de alarma, donde se otorga al Ministerio de Sanidad las competencias para la prestación de los servicios que sean necesarios para garantizar la protección y el bienestar de las personas.

Reclaman, además, la implementación de otras medidas de primera necesidad, tales como la limpieza de los campamentos, la recogida de basuras, la instalación de aseos o la creación de módulos de vivienda que cumplan con los requisitos mínimos de habitabilidad. "Por una vez, por la situación excepcional que vivimos y por el bien común, las Administraciones deberían actuar con sentido común", concluye.

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