Tenemos que hablar del suicidio

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Cada día, diez personas se suicidan en España y otros 200 lo intentan. O dicho de otro modo, cada dos horas y media, una persona decide quitarse la vida. El suicidio es la primera causa de muerte no natural, duplican a los accidentes de tráfico, superan en once veces a los homicidios y en ochenta a los crímenes por violencia machista. Tres de cada cuatro suicidios los cometen hombres y aunque en algunos casos las enfermedades mentales ejercen como catalizador, los datos demuestran que la mayoría se deben a una crisis vital que no está relacionada con un trastorno identificado.

Los expertos llevan años pidiendo a los autoridades la puesta en marcha de un Plan Nacional de Prevención del Suicido y asumir los acuerdos establecidos con la OMS, donde los estados miembros se comprometieron "a reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar". Nel González Zapico, presidente de la Confederación Salud Mental, insiste en la necesidad de impulsar la educación emocional desde la etapa infantil, para enseñar a los niños a manejar sus sentimientos en la edad adulta y como herramienta para una transformación social que nos aleje del modelo actual donde "el individuo es el único responsable de lo que consiga o deje de conseguir en su vida, sin atender a todos los factores externos que nos rodean, y que mide el éxito en función de lo material".

Bien es cierto que España se mantiene a la cola de los países europeos con menor índice de suicidios, pero también es uno de los que menos invierte en salud mental. El ratio de psicólogos y psiquiatras en el sistema público es de un ínfimo 10 por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la media europea que asciende hasta 18. Esto se traduce en largas listas de espera, que en algunas comunidades supera los 3 meses, y en la concepción de la salud mental como un artículo de lujo para los bolsillos privilegiados que pueden permitirse un tratamiento en el sector privado.

Está comprobado que un refuerzo de la atención primaria, como una primera barrera de contención, es una estrategia efectiva para frenar el número de suicidios, debido a que en muchos casos el problema subyace en patologías psiquiátricas que no son enfermedades mentales graves y que podrían tratarse con éxito desde la primera línea del sistema sanitario. Pero la atención primaria lleva años colapsada y arrastra un déficit de medios y personal que se ha multiplicado exponencialmente debido a una estrategia de recortes y privatizaciones que no ha sido revocada durante las etapas de bonanza económica.

Todo esto ha derivado en otro de los grandes problemas de la salud mental en España: el consumo desorbitado de fármacos. Si un médico de atención primaria no puede remitir la consulta a un especialista, no tiene más remedio que recetar algún tipo de medicamento, que puede aliviar los síntomas más inmediatos pero que resulta insuficiente para abordar con éxito la patología. España es uno de los mayores consumidores de ansiolíticos de Europa. El 5,5% de la población, más de 2 millones de personas, los consume a diario, muchos de ellos sin supervisión médica, lo que a la larga genera dependencia y puede llegar a acentuar los síntomas. En países como el Reino Unido, la ingesta descontrolada de este tipo de fármacos es la tercera causa de muerte, solo por detrás de las enfermedades cardiacas y el cáncer.

Si el panorama actual resulta desalentador, el futuro que se otea en un horizonte próximo está muy lejos de la mejoría. La crisis económica que lleva aparejada la actual situación de la pandemia repercutirá en la aparición de dolencias relacionadas con el bienestar psicológico y emocional. Los expertos advierten que la pobreza y el desempleo son dos de los factores más relacionados con el incremento de los suicidios y calculan que con una subida de un 1% de desempleo, el número de personas que se verán incapaces de seguir viviendo crecerá un 0,8%. En los años 2013 y 2014, cuando el país todavía supuraba las heridas del estallido de la burbuja inmobiliaria, se produjo el mayor pico de suicidios, con 1.600 fallecidos.

Las organizaciones dedicadas a la salud mental instan a los gobiernos a reforzar el sistema sanitario, no solo en lo relacionado con el coronavirus, porque con los medios actuales la pandemia del COVID-19 puede derivar en otra, mucho más silenciosa, pero igualmente letal

Además de la implicación de las autoridades, es necesario terminar con los estigmas que rodean a las personas que necesitan de atención psicológica y psiquiátrica, y para ello, uno de las medidas más eficaces es acabar con uno de los tabúes mas extendidos: hablar del suicidio los fomenta. Más bien al contrario, puede ayudar a prevenirlo, ya que sirve para liberar angustia y para alertar al entorno más cercano. Así lo asegura Mariano Navarro, psicólogo clínico especialista en duelo y pérdidas, en una entrevista concedida a la agencia EFE: "No hay que tener miedo. Ocultar el problema puede hacer que la persona sienta que no tiene permiso para poder hablar de aquello que le preocupa, enquistando un sufrimiento que crece en el interior sin que existan recursos suficientes que le ayuden a eliminarlo".

Los psicólogos y los psiquiatras hacen especial hincapié en que el objetivo de una persona que se suicida no es la muerte, sino acabar con un sufrimiento que les impide afrontar el día a día. "Parece ser que un segundo antes de suicidarse la mente sufre una especie de desconexión de la realidad y se anula el instinto de supervivencia, que vuelve a conectarse inmediatamente después de la decisión. Se constata entonces que realmente nadie desea la muerte, sino el cese del sufrimiento", concluye Mariano Navarro Serer, psicólogo de la unidad de salud mental del Hospital General Universitario de Valencia.

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