Violencia institucional

Lindsay Armstrong tenía la vida por delante y un futuro prometedor. Unas semanas antes había recibido las notas de sus últimos exámenes; cinco matrículas de honor que le acercaban un poco más al pretendido sueño de ser abogada. Todo parecía ir bien encaminado hasta que el 7 de septiembre de 2001, un joven cuya identidad nunca fue rebelada debido a su minoría de edad, le sacó del redil hasta condenarla a un precipicio sin fondo.

Eran las 22:45 de la noche cuando Linda Armstrong llamó a su hija, que por aquel entonces solo tenía 16 años, y al otro lado del teléfono la escuchó llorando. Apenas acertó a verbalizar un par de palabras: “Le pregunté qué le pasaba, pero ella solo repetía: 'No puedo decírtelo, no puedo decírtelo”, recuerda Linda en declaraciones a The Guardian.

Lo que Lindsay no podía decirle es que acababa de ser violada en un parque y no podía contárselo porque el agresor seguía a su lado cuando recibió la llamada. Durante la infancia, Lindsay había sido sometida a dos operaciones y aquella noche todavía tenía alojadas en su cuerpo unas placas de metal para enderezar su columna. Estaba físicamente débil, motivo por el cual apenas pudo oponer resistencia cuando el chico de 14 años abusó de ella tras empujarla violentamente contra el suelo.

Al regresar a su casa, situada en la pequeña localidad escocesa de New Cumnock, le contó a sus padres lo que había sucedido, y aunque aterrorizada por la vergüenza de que la noticia llegara a oídos de sus vecinos, amigos y familiares, inmediatamente decidió presentar denuncia contra su agresor. “Era una chica alegre y divertida. Le gustaba la música y la ropa, también la ropa interior. Su favorita eran unas pequeñas bragas de encaje”, recuerda su madre. Fue precisamente aquella prenda, unas braga que solo y exclusivamente pertenecían a su intimidad, la que condujo a Lindsay hacia las puertas del cadalso.

El calvario judicial se hizo patente desde el primer día, cuando llegó al tribunal acompañada de sus padres. El rostro de su agresor fue el primero que vio tras cruzar las puertas del edificio. La policía se negó a que entrara por un acceso secundario y tampoco se preocupó por aislar al acusado en una sala independiente, evitando así un encuentro que supuso la primera bofetada en la ya de por sí mermada moral de Lindsay.

El día de la declaración ante el juez, sus padres tuvieron prohibido el acceso a la sala, de tal forma que aquella chica de apenas de 16 años tuvo que prestar testimonio sin el respaldo de una figura conocida que no fuera la de su abogado. Allí, enfrentada cara a cara con su agresor, el letrado de la defensa no tuvo piedad. Se llamaba John Carruthers y durante su turno de interrogatorio obligó a Lindsay a sostener las bragas que llevaba aquella noche y a leer en voz alta la frase que estaba serigrafiada en la tela: “Pequeña diabla”.

Carruthers se negó a hacer declaraciones a la prensa, pero su equipo legal argumentó que la ropa interior de una menor de edad era una prueba fundamental, porque Lindsay, en su primera declaración con la policía, dijo que su agresor se las había roto, pero en el juicio, cuando tuvo que sostenerlas delante de las miradas inquisitorias de los funcionarios, la prenda parecía estar en buen estado.

Mientras tanto, en una actuación que los medios británicos calificaron de inaudita, la Asociación de Abogados Defensores emitió un comunicado mostrando su apoyo a Carruthers: “Los abogados tienen el deber de presentar la mejor defensa posible para sus clientes y no deben ser criticados por muy repugnantes que sean los posibles delitos cometidos. Al representar a una persona acusada, a quien se presume que es inocente, el abogado tiene el deber de presentar la defensa que el acusado le ha instruido”. Para Lindsay y su familia, sin embargo, “fue como si la hubiesen vuelto a violar”.

El 26 de junio, el agresor fue condenado, una pequeña bocanada de oxígeno para la joven, que se esfumó demasiado pronto ante la posibilidad de que obtuviera la libertad condicional.

Lindsay estaba recibiendo atención psiquiátrica y fueron los antidepresivos la herramienta que utilizó para quitarse la vida tres semanas después. Cuando sus padres la encontraron en la cama, los acordes de Bohemian Rhapsody sonaban en un pequeño radiocasete. La joven había elegido a su grupo favorito para que le acompañase en los últimos instantes de su pesadilla. “Dicen que no hay pruebas de que el suicidio esté vinculado a la violación o al juicio porque no dejó una nota, pero sé que se suicidó por eso”.

Linda Armstrong ha sido una de las tantas mujeres que han levantado la voz ante un suceso similar, ocurrido en Irlanda hace tan solo unos días En la localidad de Cork, un hombre de 27 años fue absuelto del cargo de violación porque el jurado determinó que la víctima, una adolescente de tan solo 17, “llevaba un tanga de encaje”. La sentencia ha desatado una fuerte polémica en el país, donde miles de mujeres han utilizado las redes sociales para mostrar su rechazo. Con el hashtag #Thisisnotconsent (Esto no es consentimiento) Twitter se vio inundado con fotografías de ropa interior femenina, un gesto que una diputada irlandesa imitó en el Parlamento al mostrar uno de sus tangas durante una sesión plenaria.

Situaciones como ésta no son una excepción. Asociaciones civiles y de profesionales del derecho llevan décadas denunciando la violencia institucional que sufren las mujeres en los tribunales y en el resto de administraciones públicas.

En 1993, un estudio indicó que las mujeres padecían humillaciones sistemáticas cuando se enfrentaban a juicios por agresiones sexuales o violencia de género, y otro publicado en el año 2000 aseveró que los abogados suelen utilizar la ropa interior para tratar de desacreditar a las víctimas de una violación.

Más recientemente, en julio de este mismo año, España fue condenada por primera vez por un episodio de violencia institucional. El Tribunal Supremo consideró que el Estado había fallado en su obligación de ofrecer protección a Ángela González y su hija Andrea, que fue asesinada a la edad de 7 años. Sucedió en 2003, cuando el padre de la víctima, condenado por malos tratos, aprovechó una visita no vigilada para acabar con la vida de la pequeña, pasando por encima de hasta la medio centenar de denuncias que Ángela había presentado advirtiendo del peligro que corría su hija en esos encuentros. Ninguna de ellas tuvo efecto alguno.

A pesar de que la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y el Convenio de Estambul reconocen la violencia institucional como uno de los tipos de agresiones que padecen las mujeres, España no contempla este supuesto en su ordenamiento jurídico.

Casos como el de Juana Rivas o el de “la manada” han vuelto a reabrir el debate sobre la necesidad de articular mecanismos legales que protejan a las víctimas de una violencia casi invisible, que suele pasar desapercibida, pero que tiene consecuencias tan negativas, e incluso peores, que las agresiones físicas o el maltrato psicológico.

“Estoy horrorizada de que este tipo de cosas puedan seguir sucediendo hoy en día. Lo que ha pasado en Irlanda ha traído de vuelta los malos recuerdos”, concluye Linda Armstrong.

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