La prensa alemana denuncia agresiones sexuales a las trabajadoras inmigrantes de los campos de fresas de Huelva

"El supervisor tiene los números de teléfono de todas las mujeres. Nos obliga a tener relaciones sexuales con él y si decimos que no, nos castiga en el trabajo". Kalima, nombre ficticio, es la protagonista de un reportaje que la revista alemana Correct!v ha realizado sobre las condiciones de esclavitud a las que están sometidas decenas de mujeres, la mayoría de ellas procedentes de Marruecos, que trabajan en los campos de fresas de Huelva. 

Kalima desempeña su labor en la localidad de Palos de la Frontera, a unos 20 kilómetros de la capital onubense, y describe su vida allí como "un infierno". Las mujeres duermen hacinadas en pequeños habitáculos sin cocina, y solo se les permite ducharse una vez a la semana. 

Su situación no es una excepción. La publicación germana ha recogido los testimonios de decenas de mujeres que aseguran haber sido violadas, abusadas, chantajeadas e insultadas por sus superiores. Es el caso de Sabiha, también de origen marroquí, quien describe los abusos a las que ella y sus compañeras son obligadas por parte de su capataz, un hombre llamado Juan:  "Nos insulta porque hablamos en árabe pero nosotras no sabemos español". Según relata, no se les permite tomar un descanso y si lo hacen hay represalias: "Me dice que haga más cajas de fresa. Juan golpea y patea a los trabajadores". 

"Nos insulta porque hablamos en árabe pero nosotras no sabemos español". Según relata, no se les permite tomar un descanso y si lo hacen hay represalias: "Me dice que haga más cajas de fresa. Juan golpea y patea a los trabajadores"

La revista pone el foco en la creciente demanda de trabajadores migrantes que llegan cada año a las zonas agrícolas del sur de España, procedentes de África, en una situación económica muy precaria de la que se aprovechan los empresarios: "Kalima, Sabiha y sus colegas provienen de regiones de Marruecos donde apenas hay trabajo. Trabajar en España es una forma de escapar de la pobreza. Trabajan desde las 6 de la mañana hasta el almuerzo y luego de nuevo por la tarde. No ganan más de 30 euros por día. Las empresas no pagan si el clima es demasiado malo para la cosecha y la producción se cierra por razones totalmente arbitrarias, como el castigo por los errores. Los empresarios explotan la dependencia financiera de los trabajadores".

La alta tasa de abortos que hay en la región es otro indicativo que reforzaría la teoría de los abusos. Para ello se apoyan en el testimonio de Josefa Mora Gómez, trabajadora social de un centro de salud local, quien asegura que "durante la temporada de cosecha, cuando llegan los trabajadores inmigrantes, hay un aumento en los abortos y la mayoría de las consultas provienen de mujeres marroquíes, rumanas y búlgaras". Según Josefa, en 2016, en las localidades de Palos de la Frontera y Moguer, se produjeron un total de 185 interrupciones de embarazos, "el 90% de los cuales fueron solicitados por trabajadoras inmigrantes. Ella sospecha que muchos abortos podrían deberse a una violación", señala la revista. 

"En las localidades de Palos de la Frontera y Moguer se produjeron un total de 185 interrupciones de embarazos, el 90% de los cuales fueron solicitados por trabajadoras inmigrantes"

Para contrastar las denuncias de violencia contra las mujeres, Correct!v se puso en contacto con la Cruz Roja, Cáritas y las organizaciones 'Huelva acoge' y 'Mujeres en zonas de conflicto', pero aseguran que sus intentos fueron infructuosos. El único sindicato que aceptó hacer declaraciones fue el SAT (Sindicato Andaluz de los Trabajadores) que tiene un delegado en la zona. José Antonio Brazo Regalados, que así se llama, relata una experiencia personal en la que una mujer acudió a verle porque había sido violada: "Estaba llorando. La sensación de impotencia es enorme.  Huelva tiene la peor explotación del trabajo agrícola en Andalucía, esto es la esclavitud, y mientras tanto, las instituciones, la Guardia Civil y la inspección laboral miran hacia otro lado".

La consecuencia principal de este abandono institucional es que son muy pocas las mujeres que se atreven a denunciar. Cuando la revista le preguntó a un oficial de policía de la zona sobre estadísticas de violencia y abuso sexual, su respuesta fue: "El abuso sexual no es algo español".

"Cuando la revista le preguntó a un oficial de policía de la zona sobre estadísticas de violencia y abuso sexual, su respuesta fue: "El abuso sexual no es algo español"

Uno de los casos que sí acabó en los tribunales fue el que afectó a los granjeros Martín, Carlos Ramón y Ambrosio, condenados en 2014 por "violación de la integridad moral y sexual". La sentencia considera probado que los tres hombres profirieron insultos a un grupo de trabajadoras, tales como: "Perras, os vamos a enviar de regreso a Marruecos". Además, les exigían mantener relaciones sexuales a cambio de no ser despedidas, llegando incluso al maltrato físico, como le sucedió a Inmaculada, una de las trabajadoras, quien recibió un golpe en las piernas con una barra de hierro. 

Kalima es otra de esas contadas excepciones que se ha atrevido a romper el muro del silencio. Ha denunciado a su violador, y aunque según Correct!v, los médicos que la exploraron certificaron indicios contundentes de agresión sexual, el periplo judicial puede dilatarse durante meses. Kalima ha vuelto a Marruecos a la espera de la sentencia. Mientras tanto, según la revista, su agresor, a fecha de septiembre de 2017, continuaba trabajando en la granja, un terreno propiedad de la Sociedad Cooperativa Andaluza de Santa María de la Rábida, que comercializa sus productos bajo la marca de 'Fresón de Palos'

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