De "violadores y delincuentes" a trabajadores esenciales

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Hace tan solo unos meses, la administración que preside Donald Trump continuaba cacareando la verborrea criminalizante contra la inmigración. Los latinoamericanos que cruzaban el río Bravo eran la diana sobre la que descargar los males endémicos de una ciudadanía hastiada de la clase política, ansiosa de remedios rápidos para grandes males. Suele suceder que en momentos de crisis, la muchedumbre estaría dispuesta a arrancarse un ojo siempre que al vecino le quiten los dos.

Sin embargo, la pandemia de coronavirus que asola medio planeta ha cambiado paradigmas que parecían inamovibles. Los que hace tan solo unos meses eran "violadores y delincuentes" se han convertido ahora en trabajadores esenciales.

El gobierno estadounidense, el mismo que todavía hoy plantea la construcción de muros fronterizos, ha aprobado permisos especiales de trabajo y residencia para cientos de miles de migrantes que trabajan en la agricultura en condiciones de irregularidad. "Es como si de repente se dieran cuenta de que estamos contribuyendo a mejorar este país", asegura Nancy Silva, una recolectora de fresas mexicana, en declaraciones al The New York Times. Ahora, Silva lleva consigo un documento del Departamento de Estado que le califica como "trabajadora esencial para la cadena de suministros". 

Como ella, la inmensa mayoría de los temporeros que recogen las frutas y hortalizas son inmigrantes indocumentados, el 50% según datos oficiales del Departamento de Agricultura, el 75% según los productores. Más de un millón de personas que llevan décadas residiendo en los Estados Unidos, han tenido hijos nacidos en los Estados Unidos y pagan impuestos que engordan las arcas públicas de los Estados Unidos, pero apenas tienen más derecho que la condena a sobrevivir con la amenaza permanente de la deportación.

Paradójicamente, la repentina reconversión a la categoría de esenciales no les exime de la posibilidad de ser expulsados, aunque las autoridades aseguran que no se practicarán operaciones policiales en las proximidades de las explotaciones agrícolas.

"El documento nos da un poco de tranquilidad", reconoce Silva. Así lo perciben las organizaciones que llevan años peleando por una regulación de los trabajadores migrantes agrícolas, aunque la pandemia ha generado otro tipo de preocupaciones que se hacen especialmente palpables en un sector que realiza su actividad en los márgenes de la legalidad. Las condiciones precarias de las instalaciones son un foco de contagio para la propagación del virus, a lo que hay que añadir la suspensión del salario en caso de baja por enfermedad.

Las voces más optimistas esperan que la crisis sanitaria sirva para poner en relieve la importancia de la mano de obra extranjera en un país que necesitará aumentar los flujos migratorios para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales. Del otro, los que mantienen una postura sin anhelos de futuro, sostienen que la pandemia masticará a la clase trabajadora para volver a escupirla cuando se haya superado el período de excepcionalidad. "Tener un documento oficial es un paso adelante, pero no servirá de nada si me lo quitan dentro de unos meses ", concluye Silva.

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