El Gobierno de Andalucía promueve otra burbuja especulativa burlando toda legalidad ambiental

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La Junta de Andalucía ha aprovechado los obstáculos que impiden la participación ciudadana actualmente para aprobar leyes que favorezcan la especulación urbanística como receta para salir de la crisis. El objetivo es beneficiar a las promotoras urbanísticas burlando toda legalidad ambiental. Y lo ha hecho a lo grande, sacándose de la chistera dos disposiciones legales de considerable gravedad, que han saltado todas las alarmas de las principales organizaciones ecologistas. 

El Parlamento de Andalucía ha convalidado - con los votos de PP, Cs y Vox - el Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía, aprobado recientemente por el Gobierno de la Junta de Andalucía por el que se desregulan numerosas actividades económicas, se reduce la participación pública y se eliminan garantías ambientales.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, la consideran un retroceso inaceptable en las garantías ambientales de las normas andaluzas, un grave ejercicio de falta de transparencia y un atentado a la participación pública. Denuncian además que supone un peligroso precedente para otras comunidades autónomas.

Para las principales organizaciones ecologistas se trata de un auténtico despropósito que, con el argumento de agilizar trámites administrativos para reducir el impacto socioeconómico del Brexit y de la pandemia del coronavirus, la Junta de Andalucía cambie 21 leyes y seis decretos a través de una convalidación con un reducido número de parlamentarios a causa de la cuarentena.

La mayoría de estas modificaciones nada tienen que ver con una pretendida simplificación de trámites burocráticos. Muy al contrario, pretenden reeditar el modelo económico imperante durante los años de la burbuja especulativa que llevó a España a la crisis de 2008, al tiempo que se reduce el papel de la administración pública en la defensa y salvaguarda de la naturaleza y los derechos sociales. Estos cambios legislativos y normativos pueden provocar importantes daños ambientales y territoriales y fomentar, de nuevo, entre otras cosas, la especulación urbanística, afectando también a otros sectores sociales y económicos.

Entre las principales modificaciones que afectan a cuestiones ambientales, destacan:

– Se amplían las actuaciones que se pueden declarar de Interés Autonómico, lo que facilita su tramitación y aprobación, como son: urbanizaciones residenciales supramunicipales, puertos y aeropuertos, embalses, grandes establecimientos comerciales, turísticos e industriales.

– Se modifica la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para reducir plazos en la tramitación de planes urbanísticos, a pesar de la imposibilidad de la propia Junta de Andalucía de cumplirlos para evaluar informes, con lo que se aprobarán sin las debidas garantías.

– Se sustituyen los Planes Especiales y Proyectos de Actuación en Suelo No Urbanizable para la implantación de diversas infraestructuras, canteras y minas por un mero informe. Se elimina así la obligación de someter esos planes a Evaluación Ambiental Estratégica.

– Se modifica la ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), sustituyendo el régimen de autorización ambiental unificada al que se encontraban sometidos determinados proyectos y actuaciones por el de calificación ambiental, con muchas menos exigencias, y que aprueban los Ayuntamientos.

– Modificación de la Ley del Sector Público de Andalucía, para “dinamizar” la privatización del patrimonio agrario público de la Junta de Andalucía.

– Se modifica el Reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, permitiéndose en los proyectos de recuperación voluntaria dejar los suelos contaminados confinados en el lugar donde se encuentren.

– Se modifica el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre para eliminar la obligación de dotar de red de alcantarillado y depuración conjunta de aguas residuales a las urbanizaciones ilegales que se pretendan legalizar.

– Se modifica de la Ley de medidas frente al cambio climático, eliminando la obligación del cálculo de la huella de carbono de productos y servicios.

La organizaciones ambientalistas convienen en que si las formas y el momento de la aprobación son inaceptables, mucho más lo es el contenido y la justificación del Decreto, en la forma en que la Junta de Andalucía entiende que debemos actuar al salir de la crisis, desregulando procesos que nos garantizan el buen funcionamiento de actividades y proyectos, eliminando cautelas bajo el pretexto de agilizar plazos -cuando la falta de agilidad administrativa es culpa del mal funcionamiento de la propia Junta de Andalucía en muchas ocasiones, eludiendo procesos de participación pública - incluso en contra de los objetivos de leyes estatales y directivas comunitarias - y, en definitiva, permitiendo el 'todo vale'.

Asimismo, las citadas ONG advierten que es precisamente en estos difíciles momentos de pérdidas personales y socioeconómicas derivadas de la crisis del coronavirus cuando resulta vital un buen corpus administrativo y legislativo, como armazón público que garantice los servicios y la salud de las personas y el medioambiente. La reforma pretendida por el gobierno autonómico relaja las normativas de salvaguarda ambiental y de otros sectores socioeconómicos vitales para Andalucía sin sacar ninguna lección de la crisis que estamos atravesando.

Paralelamente y en sintonía con este decretazo, viene a confluir la segunda ley la llamada "ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía", o también conocida como la ley del "todo urbanizable". La presentó la Junta de Andalucía hace escasos días y está diseñada para desregular un sector que provocó la crisis de 2008. Desde Ecologistas en Acción definen como "eufemística" la denominación de dicha ley, pues en su exposición de motivo presenta unos objetivos "loables", pero en su articulado dispone unas aspiraciones con consecuencias nefastas para Andalucía. Se pretende paliar la crisis del coronavirus favoreciendo de nuevo la especulación urbanística, con el riesgo de su perversa secuela, la corrupción.

La nueva ley apuesta por la desregulación del urbanismo y la apertura obscena y sin paliativos a la urbanización del suelo rústico. A través de una taimada estrategia, reducen a dos las clases de suelo, urbano y rústico, y eliminan el suelo urbanizable; pero no por reducir las expectativas de expansión urbanística, sino por todo lo contrario, pues casi todo el suelo rústico se considera apto para urbanizar.  

El suelo rústico común se podrá urbanizar presentando una "actuación de transformación urbanística" que aprobarían los ayuntamientos. Estas "actuaciones" las pueden presentar particulares, por lo que las empresas promotoras decidirán el desarrollo urbanístico de las ciudades, un "urbanismo a la carta" que abre todas las posibilidades a la especulación y a la corrupción urbanística. La nueva ley permitirá la expansión descontrolada del ladrillo por todo el territorio andaluz, con sus impactos ambientales, destrucción del territorio y generación de un modelo de ciudad dispersa, imposible de gestionar y de financiar sus servicios públicos. 

Como ejemplo concreto, según la ley actual el uso residencial está prohibido en los suelos no urbanizables, salvo viviendas unifamiliares ligadas a las explotaciones agropecuarias. Con esta norma se abriría el abanico a la generalización de las segundas residencias en el campo. Si a esto se añade, la larga lista de actuaciones de "interés autonómico” que puede aprobar la Junta de Andalucía, el poder discrecional para aprobar todo tipo de proyectos en el suelo supuestamente rústico es prácticamente total. En esta misma línea, incluyen una disposición adicional que determina que cualquier vía pecuaria afectada por un proyecto urbanístico queda automáticamente desafectada, olvidando que son terrenos de dominio público protegidos por la Constitución como imprescriptibles, inalienables e inembargables.

Orto punto descarado de la ley es la nueva amnistía, y ya van cinco, para los propietarios de viviendas ilegales. Si el gobierno socialista eliminó la imprescriptibilidad de las parcelaciones ilegales excepto en suelo de especial protección, con esta ley también prescribiría a los 6 años la capacidad sancionadora, lo que, de hecho, blindaría a quienes han urbanizado ilegalmente suelos protegidos, como son los parques naturales o los bienes de interés cultural, cuyas construcciones ilegales no podrán ser demolidas. 

Siguiendo con la política de la Junta de eliminar garantías ambientales, lo que podría ser también inconstitucional es la pretensión de modificar de nuevo la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, eliminando la obligación de someter a Evaluación Ambiental Estratégica a ciertos planes urbanísticos.

La Ley no aborda el principal problema territorial de Andalucía, el exceso de suelo urbanizable heredado de la burbuja inmobiliaria, con capacidad para construir más de un millón de viviendas. No solo eso, la desclasificación de suelos urbanizables es posible, sin derecho a indemnización, si la ley incluye, como ya ha hecho Castilla y León, la caducidad de los planes urbanísticos que no se ejecuten en el plazo previsto. Y no sólo no se prevé esta caducidad, sino que se declara expresamente que los planes de ordenación del territorio y los instrumentos de ordenación urbanística tendrán vigencia indefinida, o sea, especulación y derechos adquiridos indefinidos, como ya ha hecho la Junta de Castilla y León.

Con respecto a las continuas anulaciones de planes urbanísticos por los Tribunales, la Junta no se plantea garantizar la sujeción a la legalidad del planeamientos urbanístico, sino que pretende blindar el planeamiento de desarrollo, manteniendo su validez incluso si se anula un Plan de Ordenación Urbana por los Tribunales. 

Desde Ecologistas en Acción tildan como único aspecto positivo a destacar el posicionamiento de La Junta ante una de las demandas históricas de la organización, que responde a la clarificación de sus competencias, en la disciplina urbanística en el suelo rústico, pues por la inacción de la mayoría de los ayuntamientos se han permitido la construcción de cientos de miles de viviendas ilegales.

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