1.717 personas migrantes fallecieron tratando de llegar a España

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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado el informe anual Frontera Sur, donde desvela que 1.717 personas han muerto o desaparecido en el año 2020 en su intento de llegar a España, lo que supone la cifra más alta desde que se tienen registros, allá por 1989. “Es el tributo de las políticas migratorias criminales de las que son responsables tanto la Unión Europea como el Gobierno de España”, asegura la organización, que cifra en un 29% el incremento de las personas que -en 2020 y respecto a 2019- lograron acceder a territorio seguro a través de la frontera (41.861 personas). La asociación denuncia la volatilidad de los planes y políticas migratorias diseñadas por el Gobierno y la Unión Europea, "cuyo único objetivo es el control y rechazo de los migrantes en la frontera sur", con graves consecuencias en cuanto al coste en vidas humanas.

Para APDHA, las migraciones son consustanciales a la historia de la humanidad y actualmente hunden sus raíces en las grandes fracturas que atraviesan el planeta. Fracturas entre el Norte y el Sur global, fracturas provocadas por las emergencias climáticas, las guerras interminables, la esquilmación de los recursos naturales por los países del Norte global, y este año, la fractura de la pandemia de la COVID19. "Tratar de contenerlas a base de represión, militarización y criminalización, como intenta reiteradamente la UE y este Gobierno es un objetivo condenado al fracaso".

Para APDHA, las migraciones son consustanciales a la historia de la humanidad y actualmente hunden sus raíces en las grandes fracturas que atraviesan el planeta

La asociación critica que los recursos destinados a las políticas migratorias se enfocan exclusivamente en evitar las llegadas o en expulsar a las personas que intentan acceder a España por la frontera sur. Recursos como la implantación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), cuyo coste supera ampliamente los 300 millones de euros, los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), los centros de detención llamados CATE (Centros de Atención Temporal de Extranjeros) y repartidos por toda Andalucía, los CETI (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes) en Ceuta y Melilla o las vallas en ambas ciudades que, en palabras de la asociación, constituyen el "verdadero pozo sin fondo de los recursos del Estado". También el despliegue de patrulleras o de Frontex (la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) y "la compra millonaria mediante cooperación indecentemente condicionada de países terceros (Marruecos, Mauritania, Malí, Sudán, Chad, Guinea Conakri, Gambia, Costa de Marfil o Senegal…) para que ejerzan de países tapón y gendarmes de las fronteras de la Unión Europea". Todo ello, critican, "a costa de incontables violaciones de derechos humanos en las que el Gobierno de España resulta ser cómplice".

Aunque en un primer momento, la pandemia ralentizó los flujos migratorios, finalmente ha espoleado el efecto huida de miles de jóvenes debido a la crisis económica

Aunque en un primer momento, la pandemia ralentizó los flujos migratorios, finalmente ha espoleado el efecto huida de miles de jóvenes del Sahel, Sáhara, Marruecos o Argelia. Se está comprobando, arguyen, cómo trabajadores del sector turístico, pescadores y trabajadores precarios se han quedado sin ningún recurso y optan por intentar cruzar el Atlántico para migrar o facilitar el tránsito migrante con sus embarcaciones. El incremento de llegadas a Canarias en 2020 fue de un 756% "y la respuesta del Gobierno ha sido de manual represivo y antihumanitario: miles de personas encerradas en condiciones inhumanas, con falta absoluta de garantías de respeto de los derechos humanos. Miles de personas durmiendo al aire libre y a ras del suelo en los puertos, insuficiente asistencia legal, madres separadas de sus hijos, cuarentenas eternas, condiciones insalubres o hacinamiento. Circunstancias que "evidencian la absoluta falta de recursos destinados a la acogida por parte de este Gobierno".

Desde APDHA lamentan que el ejecutivo haya decidido "abandonar cualquier proyecto de vías legales y seguras, que se encontraba en el acuerdo del gobierno de coalición, y ha optado por la represión, la violación de los derechos humanos y la criminalización de las personas migrantes, como han hecho anteriores gobiernos del Partido Popular". Asimismo plantean que, para abordar democrática y humanamente los desplazamientos de personas, "son imprescindibles políticas dignas de acogida y establecer vías legales y seguras, como único camino para evitar que miles de personas pierdan la vida para encontrar un futuro con dignidad". 

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