Las sombras del Gobierno planean sobre los CIE

"La existencia de un solo CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) perpetúa la criminalización de la migración y mientras el Gobierno trate a los migrantes como a delincuentes, nosotros seguiremos denunciando la privación de su libertad”.

Así declara Anabel Quirós, presidenta de Algeciras Acoge, su posición ante el nuevo CIE que el Ministerio del Interior proyecta construir en Algeciras: “La gestión del Ministro Zoido es un disparate, no solo se están vulnerando los derechos humanos de las personas migrantes, sino que se pasa por el forro los mandatos judiciales y no deja de incurrir en irregularidades; se le está yendo de las manos”.

Gracias al convenio firmado con el alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce Calleja, que gobierna con la mayoría absoluta del PP, se va a poder levantar un CIE cinco estrellas, pues Zoido lo ha presentado como la séptima maravilla de este tipo de centros: contará con las infraestructuras más avanzadas, tendrá un carácter social, e incluso se plantea sustituir al cuerpo de policía por funcionarios civiles para que custodien el edificio y tutelen a los internos.

No obstante, la presión social de los últimos meses a través de los medios y las sucesivas manifestaciones han conseguido poner al Ministro del Interior en el blanco de todas miradas. Algeciras Acoge y el resto de ONG, consideran que esta medida es una huída hacia adelante del ministro para tapar la dejación de sus responsabilidades y los incesantes errores cometidos, pues ha pasado un año desde que la jueza Barranco decretara un auto para que se acometiera con urgencia la reforma del CIE de Tarifa, anexo del de Algeciras, que sigue en condiciones infrahumanas y continúa con su régimen carcelario.

La gravedad del asunto radica en que el Gobierno ha incumplido el auto de la jueza y desoído todos los informes emitidos por el Defensor del Pueblo, a través de los que le instaba a priorizar este tema. Desde entonces, los internos permanecen en condiciones degradantes.

El CIE de Tarifa se cerró en el mes de junio, pero ante la llegada de embarcaciones a la costa lo volvieron a abrir sin hacerse uso de la reforma, ya que el Ministerio del Interior no había ejecutado los requerimientos que el juzgado le exigió llevar a cabo, y que debían comprender las siguientes medidas:

Auto CIE jueza Barranco
Auto CIE jueza Barranco

La cárcel de Algeciras se abrió en 2001, pero el Gobierno Estatal dispuso que no valía para presos y a través de una orden ministerial lo habilitó como centro de extranjeros en 2003. Desde el 2002, el CIE de Tarifa se abre como medida provisional, pero hasta la fecha no hay una orden que lo declare como tal; se usa y está considerado como un anexo sin más. Los jueces lo dan por válido, aunque no es legal. El centro de Archidona también es una medida provisional, al igual que el de Tarifa.

Algeciras Acoge trabaja en ambos centros, los lunes en Algeciras y los miércoles en Tarifa para hacer asesoramiento jurídico de extranjería, de protección internacional, y de trata. Según la ONG, las condiciones son indignas en ambos centros, pero para ellos lo preocupante es que el anexo de Tarifa no está registrado como CIE, por lo tanto se encuentra desterrado en el ostracismo jurídico con la peligrosidad que conlleva, pues si está inmerso en un vacío legal, se puede convertir en un foco de impunidad.

Si se revisa la actuación del ministerio durante el último año, es ineludible plantear diversas cuestiones no exentas de contradicciones mayúsculas y conductas irregulares, como no permitir el acceso de la prensa al interior de los CIE, siendo edificios públicos y con estándar de transparencia que obliga Europa. 

En 2016, un 15% del total de internos en Algeciras fueron expulsados. Acorde con la ley, un extranjero no puede permanecer más de 60 días en un CIE y al vencer dicho plazo, debe ser expulsado. Ante este procedimiento, es inevitable preguntarse por la finalidad para la que se crearon estos centros, pues se demuestra que no solo no están cumpliendo con su razón de ser, sino que provocan que los internos pasen terribles calamidades durante dos meses para después echarlos a la calle. Este punto es el más criticado por las ONG, que se preguntan para qué los encierran si van a terminar expulsándolos, pues se podría evitar su privación de libertad y el consiguiente calvario que sufren allí dentro.

Manifestacion frente al CIE de Tarifa
Manifestación frente al CIE de Tarifa

El caso Archidona responde a otra cuestión digna de observación: todos los internos de este CIE eran argelinos, a algunos los deportan y a otros no, sin ningún criterio transparente que explique estas intervenciones. Se trata de una arbitrariedad manifiesta por parte del Gobierno a la hora de decidir quién sale del país y quién se queda. Los que van a ser deportados se envían a Madrid, Barcelona o Valencia antes de que cumplan el plazo legal, y los que no, son enviados a otros CIE para finalmente ser expulsados.

Por su parte, la organización internacional Women´s Link denunció el pasado año la situación en la que se encontraban las mujeres subsaharianas en el CIE de Tarifa, y tras esta denuncia, automáticamente ya no entraron más mujeres, tan solo se reservó para hombres marroquíes y argelinos.

Según la presidenta de Algeciras Acoge, hay demasiadas preguntas sin respuestas, un síntoma claro del oscurantismo que rodea toda la gestión del Gobierno acerca de los CIE. Para la ONG, la solución a este conflicto sería cerrar este tipo de centros y habilitar casas de acogida donde estén tutelados por trabajadores sociales y voluntarios, y lo más importante, que no se les prive de su libertad.

El 13 de diciembre el Defensor del Pueblo Andaluz organizó la jornada Una visión de la inmigración desde los derechos humanos, conjuntamente con el Defensor del Pueblo Francisco Fernández Marugán, en la que además de tratar ciertos aspectos de la inmigración, se abordó el tema de los CIE al cumplirse 30 años de su vigencia. Estuvieron presentes para analizar la situación de estos centros Francisco Coria, de la Secretaria de Estado de Seguridad, Bartolomé José Martínez, Jefe de la Unidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del DPE, José Miguel Sánchez, Representante de Cruz Roja y la profesora Elisa García, Directora del Observatorio del Sistema Penal ante la Inmigración.

Manifestación por el cierre del CIE de Tarifa
Manifestación por el cierre del CIE de Tarifa

En una segunda mesa redonda estuvieron representantes de las ONG que llevan denunciando la situación de los CIE desde que estos abrieron, como Mercedes Alconada, de CEAR, Cristina Almeida, de Cáritas y Anabel Quirós, de Algeciras Acoge, junto a los representantes de la Subdelegación de Gobierno en Sevilla y de la Dirección General de Inmigración. Asimismo, varios periodistas acudieron para exponer su visión sobre esta crisis, como el Premio Pulitzer Javier Bauluz, Fabiola Barranco, Patricia Simón y María Iglesias; todos ellos periodistas expertos en la defensa de los derechos humanos y la inmigración, que aprovecharon para denunciar el no acceso a los medios de comunicación al interior de los centros.

También acudieron profesores de universidad y personal funcionariado a esta reunión, con el objeto de buscar la cooperación conjunta. Lo que quedó claro en el encuentro es que la única salida es colaborar entre todos los grupos de presión social: ongs, prensa, universidad, y administración, para ir de la mano en esta causa y desde los derechos humanos poder resolver este problema, que data de largo tiempo en este país y que parece instalarse en el paroxismo.

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