Ha muerto un hombre bueno

Rodolfo Ruiz se convirtió en un personaje incómodo. El 11 de marzo de 2004, Madrid amaneció sangrando tras los mayores atentados terroristas que jamás se han perpetrado en suelo español. Apenas quedaban unos días para la celebración de las elecciones generales y el por entonces Gobierno del Partido Popular sabía que los muertos podían removerle del poder.

Se puso entonces en funcionamiento la maquinaria del fango, una estrategia perfectamente orquestada para hacernos creer que detrás de aquella barbarie estaba la simiente de ETA, a pesar de que los primeros informes policiales apuntaban al terrorismo islamista. El ejecutivo presidido por José María Aznar presionó a los directores de los grandes medios de comunicación, a los países de la Unión Europea e incluso intentó forzar una condena de Naciones Unidas que hiciera referencia explícita a la autoría de ETA.

Rodolfo Ruiz era comisario de la Policía Nacional en el barrio de Vallecas y fue el agente que encontró la mochila con explosivos que apuntaba directamente a los yihadistas y, por consiguiente, descartaba la participación de la banda vasca. Un madero de medio pelo de un barrio obrero de Madrid había desmantelado todo el aparato de propaganda del Gobierno, una afrenta que el PP y sus acólitos de la prensa no estaban dispuestos a dejar impune.

El comisario se convirtió en pieza de caza mayor para los losantos, los pedrojotas y el resto de mamporreros de la teoría de la conspiración. Durante meses urdieron una campaña de hostigamiento, acusándole de haber manipulado la mochila con el fin de exonerar a ETA. Durante meses, Rodolfo y su familia tuvieron que soportar los insultos y amenazas de algunos de sus vecinos que, alimentados por la desinformación, le señalaron como cómplice de la masacre. Han pasado 14 años y la hija del comisario aún necesita tratamiento médico. Magdalena, su mujer, no pudo soportar la presión y el 9 de octubre de 2008 se suicidó ahorcándose con una sabana en el hospital psiquiátrico donde estaba ingresada. 

Como Rodolfo Ruiz, Luis Montes era otro personaje incómodo. En la década de los 80, cuando solo era un desconocido anestesista, fue una de las cabezas visibles de un grupo de profesionales de la medicina que lucharon para que la sanidad púbica asumiera la realización de los abortos. En aquellos años, la interrupción voluntaria del embarazo era un privilegio para bolsillos acaudalados que podían permitirse la factura de una clínica privada.

Solo es una pequeña muestra de lo que fue su vida, una existencia dedicada a la defensa de un sistema sanitario público, gratuito y de calidad, que ayer se apagó a los 68 años cuando falleció repentinamente durante un desplazamiento a un acto vinculado con otra de las causas a las que entregó su tiempo y su trabajo. Montes era Presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente, una organización que trabaja para promover la libertad de cualquier persona a decidir libremente sobre su vida y a elegir los medios y el momento para ponerle fin, especialmente en el caso de los enfermos terminales que con la legislación actual están abocados a una muerte con dolor.

Desde el año 2000 y hasta el 2005, Luis Montes fue Coordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés, donde continuó ganándose enemigos por su oposición a las medidas privatizadoras que el gobierno regional de Esperanza Aguirre se afanaba en implantar en la sanidad madrileña. Su negativa a las políticas liberales del Partido Popular le convirtieron en la nueva diana de los sectores más reaccionarios de la derecha, políticos y mediáticos.

En mayo de 2005, Manuel Lamela, Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, inició una macartista caza de brujas contra su persona y otros 14 facultativos del Hospital Severo Ochoa, a los que acusó de suministrar dosis elevadas de sedación a pacientes terminales para provocarles la muerte. Todo el proceso giró en torno a dos denuncias anónimas cuya veracidad nunca fueron contrastadas.

Lamela contó con el apoyo inquebrantable de Esperanza Aguirre, encargada de organizar la comisión de investigación con expertos seleccionados a dedo que fabricaron una serie de informes con el único objetivo de sustentar la cacería. Para tal propósito contó con la ayuda de personalidades destacadas de la sanidad madrileña, como Juliana Fariña, presidenta del Colegio de Médicos, que avaló la independencia de dichos informes y aseveró que no existía ninguna causa personal contra el doctor Montes.

La prensa afín a la calle Génova hizo el resto con los voceros predilectos del marquesado de la ex presidenta: Federico Jiménez Losantos y su Sancho Panza particular, el historiador Cesar Vidal, además de otros tres profesionales de la infamia: Pedro J. Ramírez, Isabel San Sebastián y Cristina López Schlichting. El médico se querelló contra todos ellos, pero la justicia determinó que expresiones como "doctor muerte", "asesino" o "líder de Sendero Luminoso" estaban amparadas por la libertad de opinión. No corrió la misma suerte Miguel Ángel Rodríguez, ex portavoz del Gobierno durante el aznarismo y otro de los sospechosos habituales en la charca del oprobio. La Audiencia Provincial de Madrid le condenó por injurias al doctor Montes y al pago de una indemnización de 30.000 euros por llamarle "nazi" en varios programas de televisión. Mientras la falange mediática atacaba el franco de la desinformación, la causa se iba diluyendo como un azucarillo.

Lo que en un primer momento fueron 400 personas fallecidas, pasaron a ser 73, más tarde 28 y finalmente cuatro. Lo que en un primer momento fue calificado por la Comunidad de Madrid como una de las mayores atrocidades de la sanidad pública, se destapó como una campaña fabricada para desacreditar a un hombre incómodo para los poderosos. Así lo certificó la Audiencia Provincial en un auto del 29 de enero de 2008, donde archivó definitivamente la causa y ordenó restituir el buen nombre del doctor. El juez revisó uno por uno los historiales médicos de los 339 fallecidos en las urgencias de Leganés, que la Consejería de Sanidad achacó a la irresponsabilidad de Montes, y sentenció que en ningún caso hubo mala práctica. En el auto, el magistrado arremetió contra el Colegio de Médicos, al que acusó de pergeñar informes "sumamente controvertidos" y desmontó el bulo que aseguraba que Montes no había recibido el permiso de los familiares para aplicar la sedación a los pacientes.

Tras la sentencia, el equipo médico del Hospital Severo Ochoa exigió la depuración de responsabilidades. Manuel Lamela y Juliana Fariña ni siquiera se dieron por aludidos, y Esperanza Aguirre intentó desmarcarse asegurando que la Comunidad de Madrid no era parte del proceso. Falso, ya que fue la Consejería de Sanidad la que el 27 de mayo de 2005 denunció el caso ante la justicia tras recibir el chivatazo de que la fiscalía tenía intención de archivarlo.

Lamela abandonó la política por una puerta giratoria en la empresa Ambulancias Alerta, a la que en su etapa como consejero adjudicó un contrato por valor de 16,8 millones de euros. Juliana Fariña, tras dimitir de su cargo en el Colegio de Médicos, ejerce como catedrática de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense y es jefa del servicio de anatomía patológica en el Hospital San Carlos de Madrid. Esperanza Aguirre se vio obligada a abandonar la política, asolada por los episodios de corrupción.

El doctor Luis Montes ha encontrado la muerte mientras seguía luchando para que los enfermos terminales puedan tener un desenlace digno, sin dolor ni sufrimiento. Aunque fueron muchos y muy poderosos los que intentaron manchar el buen nombre de una persona íntegra, su legado permanecerá intacto para siempre.

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Comentarios

Lola (no verificado) , Vie, 20/04/2018 - 09:34
Descanse en paz, ha te ido la "suerte" de morir de la forma que el intentaba que la mayoria de las personas queremos morir dignamente, ya que ni eso podemos elegir .
Anónimo (no verificado) , Mié, 09/05/2018 - 17:07
No consigo encontrar la relación entre uno y otro...
Me encanta el artículo, por cierto.